ACCIÓN URGENTE POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS y PRESAS DE CANDELARIA, CAMPECHE
A Juan Miguel Alcántara Soria, Procuraduría General de la República
A Alfredo Elías Ayub, Comisión Federal de Electricidad
A Fernando Ortega Bernés, gobernador del estado de Campeche
A la Prensa Nacional e Internacional
A la Opinión Pública
En el contexto de crisis económica que ha golpeado tan fuertemente al país debido a nuestra dependencia hacia Estados Unidos, el gobierno federal ha anunciado en su plan de ajuste el aumento de las tarifas eléctricas junto con nuevos impuestos, "para abatir la pobreza". Las tarifas del consumo de energía eléctrica han aumentado en un 54% desde el año 2000, junto con la inflación, mientras los empleos desaparecen, los y las migrantes regresan, y el poder adquisitivo está a la baja. Según datos del Banco Mundial, de 2006 a 2008 aumentó la pobreza de 44 al 50 por ciento de la población total de México y el número de mexicanos y mexicanas que padecen hambre llegó a 20 millones (una de cada cinco personas). Esto sin contar el impacto de la recesión económica en el presente año. Mientras, la inconformidad ante los abusos de la CFE se extiende por todo el país. Aunque pocos son los usuarios que acuden a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a interponer quejas, la CFE lleva tres años consecutivos encabezando el listado de empresas con más denuncias ante esta instancia. Esta inconformidad creciente se organiza, se fortalece, y sigue haciendo presente sus demandas por justicia para todas las familias mexicanas.
Como es del conocimiento nacional e internacional, la Procuraduría General de la República y la Comisión Federal de Electricidad viene instrumentando una estrategia de criminalización del movimiento de resistencia civil contra las altas tarifas de energía eléctrica en Candelaria, Campeche, mediante la fabricación de delitos apócrifos y absurdos, aplicando en contra de la protesta social leyes aprobadas en el contexto de la lucha contra el narcotráfico.
Nuestras compañeras y compañeros Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez, Elmer Castellanos Velázquez, Guadalupe Borjas Contreras y Guadalupe Lizcano Gómez, se encuentran injustamente recluidos en el penal de Kobén. Los delitos por los que se les acusa son "privación ilegal de la libertad de un funcionario público en calidad de rehén e impedimento u obstrucción de una obra o servicio público". Es inadmisible que los defensores y defensoras de Derechos Humanos sean considerados delincuentes, cuándo sus justas luchas van encaminadas en la defensa de la economía popular y la exigencia del derecho a una vida digna. Fueron detenidos/as con lujo de violencia, incomunicados/as durante varias horas, sometidos/as a tratos humillantes en situaciones que pusieron en riesgo su integridad física y emocional. Todos estos actos son violatorios de los Derechos Humanos fundamentales. Hemos venido denunciado esta situación como una más de las expresiones del poder hegemónico para intentar acallar y combatir las dignas y justas luchas por mejores condiciones de vida.
Desde la detención de nuestras compañeras y compañeros el pasado 10 de Julio, la CFE y los gobiernos locales, estatales y federales han emprendido una estrategia de represión generalizada y hostigamiento constante hacia el movimiento y sus integrantes.
Ante el arduo trabajo de la defensa jurídica, la PGR ha mostrado un desinterés y negativa constante, dedicándose a cerrar puertas a las posibilidades de diálogo y resolución de las demandas sociales de los movimientos de defensa de una vivienda digna, como es el caso de Candelaria, Campeche y de Ixtepec y Xhadani, Oaxaca, entre otros. Al mismo tiempo, en el caso de los amparos que se han presentado ante las 27 órdenes de aprehensión pendientes por cumplir en contra de integrantes del movimiento de resistencia civil de Candelaria, el juez de distrito ha demostrado una arbitrariedad completa, concediendo unos y negando otros, cuando se trata de los mismos hechos, las mismas personas, y las mismas deficiencias legales. A los presos y presas políticas recluidas en el penal de Kobén se les ha negado repetidamente el derecho de acceso a la justicia y a debido proceso, sumándose una larga lista de funcionarios que han violentado flagrantemente los derechos procesales y humanos de los 5 defensores/as de Candelaria. El Magistrado Unitario de Circuito con sede en la ciudad de Campeche, infringiendo flagrantemente la ley, no ha resuelto la apelación interpuesta debidamente por la defensa, a pesar de que la fecha para que resolviera venció el 26 de agosto.(nota)
Tenemos información de que la CFE sigue integrando nuevas averiguaciones previas contra integrantes del movimiento de resistencia civil de Candelaria, fabricándoles el delito absurdo de "robo a la riqueza de la nación". Ante esto advertimos, el robo a la nación es el que llevan a cabo los políticos, al violar lo establecido en el Artículo 27 de la Constitución mexicana, poniendo los recursos naturales y bienes estratégicos del país a disposición de la inversión privada.
Desde la detención de nuestros compañeros y compañeras, elementos de la policía municipal, de tránsito, policía estatal y policía federal han creado un ambiente de tensión y hostigamiento, realizando patrullajes constantes e instalando retenes en puntos estratégicos del municipio, como nunca se ha visto antes. La CFE continúa con su estrategia de persecución contra los usuarios/as en resistencia civil, realizando cortes constantes del servicio de energía eléctrica que han sido acompañados con amenazas que evidencian un abuso de poder sin fundamento legal. Les recordamos que no pagar las altas tarifas de la energía eléctrica no es delito. El delito reside en el incumplimiento por parte del gobierno federal de su obligación de proveer un servicio público, tal como lo establecen las leyes federales e internacionales.
El Gobierno de Campeche muestra su naturaleza represiva, permitiendo graves abusos de los derechos humanos, como lo ejemplifica también el caso del poblado de San Antonio Ebulá, violentamente desalojado por elementos parapolicíacos contratados por el empresario Eduardo Escalante, el pasado 13 de agosto. Ratificamos el trabajo y las exigencias planteadas por la Misión Civil de Paz para una Solución Justa en San Antonio Ebulá, tras el intento de retorno a sus tierras realizado el día 8 de septiembre de este año. Compartimos la alarma y preocupación por la parcialidad del gobierno de Campeche, por las condiciones en las que se encuentran los desplazados/as, por el hostigamiento que sufren y por la negativa del gobierno a garantizar condiciones de seguridad para el retorno al que tienen derecho.
Ante este contexto, las organizaciones, colectivos y personas abajo firmantes exigimos enérgicamente:
- Cancelación de los cargos a quienes han sido liberados y la libertad inmediata e incondicional de Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez y Guadalupe Borjas Contreras.
- La cancelación de todas las órdenes de aprehensión contra los y las integrantes de la resistencia, así como el cese al hostigamiento de que son víctimas sus familias.
- El cese a la represión sistemática contra el Movimiento de Resistencia de Candelaria, Campeche y contra los integrantes del Frente en Defensa de la Tierra del pueblo de San Antonio Ebulá.
- Alto a la criminalización de las luchas populares, de la defensa de los Derechos Humanos y de toda expresión que manifieste inconformidad social.
Responsabilizamos al estado mexicano de la integridad física, emocional y psicológica de nuestras compañeras y compañeros presas en el penal de Kobén.
¡Basta ya de impunidad, de violencia sistemática, de persecución y de hostigamiento!
Atentamente
Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP)
Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica
Red Estatal de Resistencia Civil "La Voz de Nuestro Corazón", adherente a La Otra Campaña (Chiapas)
Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Oaxaca)
Movimiento Agrario Indígena Zapatista (Oaxaca)
Radio Comunitaria "La Voz de los Pueblos Istmo-Oaxaca
Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC)
NOTA: El día 23 de septiembre se resolvió parcialmente la apelación interpuesta por la defensa, quedando en libertad bajo fianza los compañeros Elmer Castellanos Velázquez y Guadalupe Lizcano Gómez. Permaneciendo como culpables de los delitos imputados los otros tres compañeros.
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