Algo mas sobre reforma energética y electricidad

Mercado eléctrico: la cuarta

José Antonio Rojas Nieto

El haber involucrado a la electricidad en la reforma energética representó un gran riesgo que el gobierno debió evaluar. Vio la oportunidad de lograr la mayoría calificada en el Congreso y la aprovechó. E improvisó. En realidad nadie sabía qué debía aprobarse. Acaso por eso el desaseo con el que se hicieron los cambios al 25, 27 y 28 constitucionales. Nunca olvidemos –para un juicio adecuado– que entre las 10 de la noche del lunes 9 de diciembre y las 3 de la mañana del martes 10, se modificó el dictamen de las comisiones de puntos constitucionales, asuntos legislativos y energía. Y fueron aprobadas.

Así, de ser una de las naciones más cerradas al capital privado, nos convertimos –abruptamente– en una de las más abiertas, en petróleo y en electricidad. ¿Por qué? Porque además de todo lo que ya podían hacer los privados, ahora, en las áreas reservadas al Estado, se pueden celebrar contratos con los particulares en los términos que establezcan las leyes. Eso dice el párrafo sexto del nuevo 27 constitucional, de las reformas aprobadas el 10 de diciembre en el Senado. Y publicadas el 20 de diciembre, luego de la aprobación de la Cámara de Diputados y de las legislaturas estatales. ¡Difícilmente, en el mundo, se puede lograr algo así! ¿O sí? ¿Pero por qué hablar de improvisación? En lo eléctrico, al menos por una simple razón.

A diferencia del anterior intento de desterrar el concepto de servicio público de electricidad y sustituirlo por el de mercancía con cobertura universal(derecho a un servicio universal dicen hoy la Iniciativa Energía Sostenible para Todos de las Naciones Unidas y la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad) e introducir la competencia –famoso Libro Blanco de 1999–, el gobierno actual no se preparó bien. De otra manera no se explica el retraso en la presentación de la ley secundaria. Más aún si consideramos que, en electricidad, el sector privado ya tiene una injerencia importante.

Hoy operan casi 500 unidades generadoras privadas. Atienden parte del servicio público de electricidad, con contrato de largo plazo de adquisición de su producción. Sí. Los famosos Productores Independientes de la fracción II del artículo tercero de la todavía vigente Ley del Servicio Público de Electricidad, representan una capacidad de 12 mil megavatios (MW), de un total del servicio público cercano a 54 mil MW, poco más del 20 por ciento de ese total. Y con ella aportan un tercio del fluido eléctrico distribuido por el servicio público que, a su vez, representa 87 por ciento del consumo final de electricidad. El 13 restante proviene de formas complementarias al servicio público: 1) sociedades de autoabastecimiento remoto, que utilizan la red eléctrica pública para enviar su producción a sus socios; 2) autoabastecimiento local, tradicionalmente identificado como usos propios continuos y servicios de respaldo o de emergencia; 3) pequeña producción, que entrega su fluido a la red para ser distribuida como parte del servicio público.

Los nuevos artículos constitucionales y los innumerables transitorios apenas dan una somera idea de la nuevaarquitectura eléctrica institucional. Tan somera, por cierto, que ni el mismísimo presidente de la Comisión de Energía del Senado la entendió bien, según lo muestra en una presentación gráfica reciente. Pero en su descargo hay que reconocer que no es fácil imaginar la nueva arquitectura institucional que se desprende de los textos constitucionales. Y, más todavía, de los 21 –sí, veinte y uno– transitorios, justo por la complejidad del asunto eléctrico.

Por eso el análisis de experiencias de diseño e implantación de mercados eléctricos en otros países es fundamental. En Chile, por ejemplo, primer país en América Latina en introducir la competencia en electricidad, se vive una crisis de combustibles y de elevación de precios del suministro desde finales de 2006. Y en España –para insistir una vez más en el análisis de esta experiencia de 16 años con cambios continuos y un terrible déficit financiero acumulado– no se acaba el asunto de la competencia. Incluso en la pionera del Reino Unido se abrió un proceso de restructuración y reorganización de largo aliento, orientado a garantizar tanto su seguridad energética como su descarbonización.

Es obligado el análisis de éstas y otras experiencias. Y eso sin hablar del caso de Estados Unidos en el que hay 27 estados que no han aceptado la reorganización eléctrica, 16 que la han suspendido y sólo siete en los que se encuentra vigente en sus dos aspectos, desregulación y selección de suministrador. Todo para decir algo trivial: se requiere mucha astucia y mucha prudencia para diseñar e implantar la nueva organización eléctrica en México. Y en el nuevo marco constitucional. Y –acaso también– tiempo. Mucho tiempo. Les juro que, en este caso, los atajos son engañosos.

Además, no debe sorprendernos el nivel de generalidad que pudiera aparecer en las leyes secundarias que –sin duda– exigirá reglamentos más precisos y concretos. Nadie –créanme– ha pensado bien lo de México. Nadie. No ha habido tiempo. Lo de España es aleccionador en este sentido.

Por cierto, a quienes me han preguntado por qué aseguro que hay compañías extranjeras que ya levantan sus estandartes de triunfo frente a la reforma energética en el sector eléctrico, sólo les sugiero leer una nota de hace cinco días en El País, en el que se asegura que Iberdrola de España se consolida como la primera compañía privada del sector eléctrico de México, al disponer de alrededor de 770 empleados en México, donde obtuvo en 2012 unos ingresos de mil 174.1 millones de euros, un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 380.1 millones y un beneficio neto de 185. Con eso –dicen– México le aporta a este grupo español el 8 por ciento de los beneficios de la empresa. ¿Cómo se explica esto si en el dictamen del Senado se afirma que la empresa estatal eléctrica mexicana pierde mucho dinero? ¿Cómo? Tomado de La Jornada. 16 de febrero de 2014.

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Reflexión interesante que aplica para indígenas y mestizos

Urge que el país reconozca a las comunidades nativas como sujetos de derecho público

Mientras no sea vinculante, la consulta sólo legitima el despojo contra indígenas: expertos

En el conflicto por el agua de los yaquis, se les debe hacer partícipes del negocio, no expropiarles

Rosa Rojas

Periódico La Jornada
Domingo 5 de enero de 2014, p. 15

Como ejercicio de simulación que aumentará la conflictividad social, calificaron expertos en cuestiones indígenas, como Magdalena Gómez, José del Val y Francisco López Bárcenas, la práctica oficial de la consulta previa, libre e informada –pero no vinculante– a los pueblos indígenas cuando sus derechos pudieran ser afectados por medidas administrativas o legislativas.

Coincidieron en que para cumplir el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –que es ley en el país– urge que se reconozca en la Constitución a los indígenas como sujetos de derecho público y que se ordene que dicha consulta sea vinculante, incluso si éstos se niegan a la ejecución de algún proyecto en su territorio.

Entrevistados en relación con la consulta a la tribu yaqui de Sonora, ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la construcción y operación del Acueducto Independencia, que podría afectar los derechos que los yaquis tienen sobre 50 por ciento del agua de la presa La Angostura, Gómez planteó que los pueblos indígenas utilizan la consulta para, en el fondo, defender su derecho al territorio.

Cuando ésta no se cumple, dijo, se está violando el debido proceso. Subrayó que la versión de la consulta incluida en la Ley General de Equilibrio Ecológico es absolutamente violatoriade su derecho a utilizar ese instrumento. Después sólo quedan las instancias internacionales, y cuando se cierran los cauces legales, los pueblos recurren a medidas de hecho, apuntó.

Del Val, director general del Programa Universitario México Nación Multicultural de la UNAM, aseveró que la consulta actualmente es una forma delegitimar el despojo. En el caso de los yaquis además es simulación, porque cuando la SCJN ordenó que se realizara debió parar la obra del acueducto, pero las propias autoridades estatales declararon que no lo harían; la Corte lo derivó a otro orden jurídico, y mientras, millones de metros cúbicos de agua ya se están yendo. Es una trampa lo del agua para Hermosillo... se trata de garantizar agua barata... a las 270 tomas que hay en el Acueducto Independencia que van para los grandes empresarios y ganaderos de la región, afirmó.

Propuso que los pueblos indígenas exijan ser socios de los proyectos que les consultan y participación en las utilidades del negocio, no una expropiación; es decir, que el desarrollo no se haga sobre el despojo neocolonial.

Se le planteó que en el caso de la Sierra Norte de Puebla se han otorgado 70 concesiones mineras, muchas de ellas para explotación a cielo abierto, y la gente se niega rotundamente a aceptarlos porque van a arrasar con sus tierras, bosques, ríos y manantiales. Del Val señaló que, para empezar, México, como Canadá, debe prohibir definitivamente la minería a tajo abierto. Dejan los freáticos acidificados y el gobierno no asume responsabilidad sobre la destrucción de la naturaleza y las implicaciones que va a tener lo que nos dejan.

Subrayó que es necesario aceptar elno de las comunidades indígenas, “porque además debemos acabar con el mito del desarrollo, con el que han hecho que la gente abandone su tierra, sus capacidades productivas, esperando lo que el Estado les va a dar. Bueno, hay que decir: ‘se trata del buen vivir y esto es otra cosa’. Yo les pregunto (en Totonicapan, Veracruz): ¿para qué quieren estar todos sembrando vainilla si se les va tronar el precio al rato, o el café; empiecen a sembrar como siempre hacían aquí: maíz, frijol, chile, calabaza; tengan sus gallinitas y van a vivir bien. No esperen que el Estado les dé un proyecto que no les va a dar... ”. Además, hay mucho acaparamiento de tierra, indicó.

Asimismo, enfatizó que como los pueblos no están reconocidos como sujetos de derecho público, todo es muy frágil, van a acabar expropiándolos; el Estado mexicano los despoja de una propiedad que podría tener un valor permanente. Entonces, propone, que de la consulta salga que los yaquis quieren ser socios del acueducto, de todos los negocios que se generen del agua que es suya, que se establezca dónde va a estar el conteo para saber cuánto les toca de cada litro que se va, y no aceptar la expropiación.

Preguntar, obligación del Estado

Del Val propone crear una procuraduría de derechos indígenas que vea lo relativo a la cultura, lengua y otras cosas, con una subprocuraduría de territorios indígenas, un modelo parecido a lo que existe en Estados Unidos. Estimó que lo que hay en la Constitución es suficiente para que un procurador pueda operar, aunque habría que reglamentar algunas cosas.

Sobre lo que debe incluir la ley sobre consulta, López Bárcenas planteó que debe definir el derecho de los pueblos indígenas a expresar su opinión y la obligación del Estado de preguntar a los que van a ser afectados por el acto a realizar. Debe definirse que la autoridad responsable del acto debe hacer la consulta, como en el caso de los yaquis, apuntó.

“El Convenio 169 dice que la consulta se realiza para que haya consentimiento o acuerdos. En todos los casos debe ser vinculante, enfatizó, y detalló que puede haber muchas variantes: que el pueblo dé su consentimiento al proyecto; que dé un sí condicionado a que se modifique, o querer ser socio del mismo o que haya un acuerdo parcial. Por ejemplo, que los yaquis digan: ‘el acueducto es muy grande’ y sólo permitan una parte, o que digan de plano ‘no quiero’”.

Además –precisó–, “se debe tomar en cuenta que la consulta es un procedimiento, como en el caso de los yaquis: como no hay ley ni reglamento, tienen que pactarse reglas, desde cómo se va a dar información, en qué lengua, impresa o en audio... que si no se entiende la información porque es muy técnica, los pueblos puedan contratar –a cargo de la autoridad responsable– asesores a quienes les tengan confianza”.

Asimismo, se tienen que ver los tiempos: en el caso de los yaquis son ocho grupos, si los van a consultar al mismo tiempo o uno por uno, en qué tiempo ellos acostumbran hacer sus reuniones, y que el acto mismo de consultar sería lo último para ver si están de acuerdo.

Finalmente, ¿qué hacer con el resultado? López Bárcenas mencionó que en la Ley de Planeación se consigna que el gobierno puede realizar contratos de derecho público con los particulares en el proceso de desarrollo y el resultado de la consulta debe constar en un acta de derecho público, es decir, que no hay que llevarla a un tribunal para que sea válida. Consideró que eso da certeza a las partes sobre el resultado.

Mercados eléctricos: la tercera

José Antonio Rojas Nieto

¿Cómo funciona un mercado eléctrico? La respuesta simplista es así, simplista: bajo el régimen de libre competencia. Pero hay que regular algunas de las actividades para que haya libre competencia. ¿Cuáles? Regular la operación del mercado de producción, regular la operación global del sistema eléctrico, regular la transmisión de electricidad y regular la distribución de electricidad. Ah…y cuidar una y otra vez, sí, una y otra vez, que los ingresos permitan recuperar costos. Pero no sólo. También deben permitir la expansión del sistema eléctrico. Ah…Y también con máximo abatimiento y mitigación de gases de efecto invernadero…Ah…Pero con máxima participación de fuentes renovables y limpias de energía. Ah…Y todo esto al mínimo costo y de la manera más eficiente, tanto en la producción como en el consumo. Y, para sólo decir una más de sus exigencias, permitiendo acceso a toda la población. Toda, incluida la de bajos y muy bajos recursos. Menudo reto.

¡Nunca lo olvidemos! Bueno, pero para ilustrar otras de sus características, permítaseme comentar hoy, cuántas, cuáles y de qué categoría son las denominadas infracciones a su libre operación. Sí, las infracciones que impiden que opere según el esquema ideológico de la libre competencia. Tomemos lo señalado en el capítulo II de la nueva Ley del Sector Eléctrico en España, la del pasado 26 de diciembre del 2013.

Sorprende la enorme cantidad de faltas en las que pueden incurrir los ocho sujetos básicos que desarrollan las diversas actividades destinadas al suministro de energía eléctrica. Sí, los productores de energía eléctrica (1), el operador del mercado (2), el operador del sistema (3), el transportista de energía eléctrica (4), los distribuidores (5), los comercializadores (6), los consumidores (7) y, finalmente, los gestores de carga del sistema (8), pueden cometer tres tipos de infracciones: muy graves, graves y leves.

Trátese –subraya la ley– de acciones u omisiones, las infracciones muy graves son –ni más ni menos– cuarenta y seis (46); las graves treinta y seis (36); las leves sólo siete (7). Así, en el controversial mercado eléctrico de España –en realidad en todos los mercados eléctricos del mundo– se pueden cometer –de nuevo, por acción o por omisión– cerca de cien infracciones. ¿Qué es muy grave? ¿Qué es grave? ¿Qué es leve? Hay una larga enumeración. Veamos hoy algo de lo muy grave. Es muy grave, por ejemplo, realizar actividades incompatibles con la propia función (recordemos que son ocho sujetos con ocho funciones diferentes), infringiendo los requisitos de separación jurídica, funcional y de gestión. También no cumplir con las reglas de contabilidad (separada y compartimentalizada).

Sin duda, la aplicación irregular de precios, cargos, tarifas o peajes regulados (transmisión y distribución de electricidad), de manera que se produzcan alteraciones significativas de precios. Otra más, no respetar limitaciones o restricciones establecidas por las normas, respecto a las funciones encomendadas y las tareas asignadas. O el incumplimiento de resoluciones jurídicas, la resistencia u obstrucción a inspectores, así como las faltas que pongan en riesgo la seguridad de las instalaciones en particular, o del sistema eléctrico en general. Sin duda es muy grave la interrupción o suspensión del suministro, sin justificación. Y, en general –para sólo citar de manera general otras– cualquier obstrucción a dicho suministro que altere las condiciones de la oferta de electricidad, y altere los precios del mercado. No está prohibido, por cierto, ser operador dominante.

Lo grave es que un operador declarado dominante no acate las restricciones impuestas por la normatividad. En julio pasado, la Comisión Nacional de Energía, de nuevo dio a conocer los operadores dominantes en España. En electricidad, como desde hace varios años, las compañías Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa e Hidrocantábrico, fueron declaradas como operadoras dominantes. Un operador dominante tiene una cuota de mercado superior al 10 por ciento.

Dicen los reales decretos que se da este calificativo para reducir los riesgos de que los principales agentes presentes en el mercado ejerzan poder de mercado. Incluidos los que concentran derivados, es decir, papel financiero eléctrico. Por el lado de la oferta afectando artificialmente la producción. Y por el lado de la demanda incidiendo nocivamente en el suministro.

Hay también operadores principales. Tienen las cinco mayores cuotas del mercado. En ambos casos se puede someter al operador a ciertas condiciones con el fin de favorecer la competencia en el mercado eléctrico. En este contexto, lo muy grave en el mercado eléctrico español es alterar la actuación libre de las fuerzas del mercado que, ante todo y sobre todo, deben manifestarse en el mercado mayorista, al que concurren los generadores eléctricos y los comercializadores, los consumidores directos (adquieren energía directamente en el mercado de producción). También los gestores de carga del sistema, sociedades mercantiles que, siendo consumidores, están habilitados para la reventa de energía eléctrica para servicios de recarga eléctrica.

Una lectura serena de la legislación eléctrica española y de las resoluciones del regulador –la Comisión Nacional de Energía– y algunas intervenciones directas del gobierno como la de diciembre pasado para frenar eltarifazo, muestra que la enorme casuística de infracciones –no he mencionado graves y leves– se orienta a controlar a los operadores dominantes. ¡Menuda tarea! En todo el mundo. Puede ser una simplificación. Si lo pensamos bien, no lo es tanto. En la España de las reformas eléctricas prácticamente permanentes, se ha intentado una y otra vez, controlar a los dominantes. ¿Cuáles serán el diseño y la instrumentación del mercado eléctrico en México? ¿Quién o quiénes serán capaces de que esta aventura de reforma energética, que de la noche a la mañana convirtió a México en el más abierto y expuesto del mundo, no eche a la basura grandes méritos de un sistema eléctrico mexicano que tiene muchos –de veras– aspectos virtuosos? Lo iremos viendo. Lo cierto es que la experiencia de España nos formula muchas advertencias. Y las de Alemania, Chile, Inglaterra y muchas más. Ah…Por favor no olvidemos que en México ya están algunos de esos operadores dominantes de España. Y ya tiran su cuarto a bastos…De veras. Periódico La Jornada. 3 de febrero de 2014

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Mercados eléctricos: la primera

José Antonio Rojas Nieto

Es muy importante empezar a reflexionar sobre la nueva situación de la industria eléctrica en México, luego de las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Diversas experiencias internacionales ayudan. Eltarifazo español es una de ellas. El 26 de diciembre pasado se aprobó un procedimiento diseñado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)), órgano regulador, para determinar de forma extraordinaria el precio de la electricidad para el primer trimestre de 2014. ¿Por qué extraordinaria? Porque desde el cambio que introdujo la competencia en electricidad (Ley del 27 de Noviembre de 1997), los precios se determinan con base en un mercado de electricidad con contratos mayoristas de suministro. Con subasta para de día siguiente, de intradía, de futuros. Y hay mercado de derivados. Y, sin duda, especulación.

Cerca de 20 por ciento de usuarios (dos tercios de la energía consumida) tiene precios dependientes, en lo fundamental, por ese mecanismo. El 80 por ciento restante –casi 28 millones con menos de 10 kilovatios de demanda contratada, básicamente residenciales y pequeños establecimientos– tiene precios compuestos en 25 a 30 por ciento por las subastas realizadas unos días antes de cada trimestre; en 50 por ciento por el componente regulado que cubre costos de transmisión y distribución, más otros cargos como las ayudas al carbón nacional, los costos de transición a la competencia y los subsidios a las renovables, eólica y solar, primordialmente; y el resto por impuestos.

Dato curioso: el consumo ha bajado y los precios han subido. Por ejemplo, el precio medio para usuarios domésticos con consumos mensuales de 200 a 400 kilovatios-hora ha subido 70 por ciento de 2008 a 2013 (27 por ciento en la Unión Europea). Y sin la actual intervención gubernamental, un inexplicable incremento –gobierno dixit– de 26 por ciento registrado en la subasta del pasado diciembre, hubiera representado un incremento de 11 por ciento. Con ello se hubiera acumulado casi 90 por ciento de elevación en seis años de mercado eléctrico. Conviene saber, por cierto, que en 2013 la España peninsular registró una demanda máxima de 39 mil 963 megavatios, inferior a la máxima histórica de 44 mil 876 megavatios de diciembre de 2007. Y que su capacidad instalada superó los 100 mil megavatios.

Por ello, su diferencial bruto entre demanda máxima y capacidad alcanzó cerca de 60 mil megavatios, fenómeno que debe ser analizado con cuidado, dado el alto porcentaje de generación con base en fuentes renovables (intermitentes) por un lado, y el alto costo financiero que representa, por el otro. Además, de una generación total de 266 mil 502 gigavatios, la proveniente de renovables alcanzó 42.4 por ciento: 20.4 eólicos, 15.4 hidráulicos, 4.7 solares y 1.9 de térmicas renovables. Si sumamos el 21.3 nuclear, se acumula un 63.7 por ciento que no depende de combustibles fósiles. El 36.3 por ciento restante se logró con 14.9 de carbón, 12 por ciento de termoeléctricas no renovables y 9.4 de ciclos combinados a gas natural, el de casi 10 dólares por millón de unidad térmica británica allá. (Cerca de tres dólares en América del Norte y casi 16 en Asia-Pacífico). Gran esfuerzo contra los gases de efecto invernadero. Pero con claroscuros.

No es un secreto que dominan las generadoras de Endesa e Iberdrola. Pues bien, en 2013 cerca de una tercera parte de la energía comercializada en el mercado mayorista, se entregó a comercializadoras –tampoco es secreto que dominan con el 70 por ciento Endesa e Iberdrola– a precio de subastas trimestrales, para entrega a 80 por ciento de los consumidores, que se acogió a la llamada Tarifa de Último Recurso (TUR, creada en 2009), justamente los usuarios domésticos y de pequeños establecimientos señalados antes. El precio final es la suma de la parte determinada en el mercado mayorista de generadores, y la regulada. Y es menor si el usuario cuente con el llamado Bono Social que congela o baja precios a domésticos con una potencia contratada inferior a tres kilovatios; a pensionados con prestaciones mínimas; a familias numerosas; y a hogares con todos sus integrantes desempleados. Para el resto de usuarios que consume dos tercios de la energía, el precio se determina también con comercializadoras, o directamente con contratos bilaterales vinculados a precios spot del mercado mayorista. Son usuarios con demandas superiores a los 10 kilovatios.

Bueno, pero ¿a petición de quién diseñó la reguladora española la propuesta que rompe con el esquema de subastas de mercado, tradicional desde hace siete años? Del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. ¿Por qué razón? Por lo que ya señalaba un poco antes, pues la 25 subasta del Centro que elevaba el precio al mayoreo en 26 por ciento resultó inexplicable para el mismo gobierno, según lo aseguraron diversos personeros de alto nivel. La determinación oficial –por el momento fuera del mecanismo de mercado– sólo representa un incremento de 2.3 por ciento, en lugar del 11 por ciento inicial. Pero con esto –por cierto no por primera vez– una vez más hay un cuestionamiento social generalizado sobre el mercado eléctrico español. Pero esto fue el segundo acontecimiento crítico de 2013. Antes rondaba ya la idea de que es insostenible el llamado déficit tarifario (agujero eléctrico, lo llamó en julio la vicepresidenta del gobierno español) que alcanza ya cerca de 32 mil millones de euros, porque los ingresos no recuperan costos. El mercado no ha servido para eso. Por diversas razones, se piensa que el agujero eléctrico es responsabilidad del gobierno. Y que la modificación apresurada de la legislación eléctrica julio pasado no lo resolverá. Por eso hoy, el vergonzoso tarifazo renueva el cuestionamiento sobre el mercado eléctrico español.

No se trata solamente –como aseguró el gobierno– de un déficit derivado del sobredimensionamiento de instalaciones y de las subvenciones a las renovables. No. A decir de muchos analistas –incluso favorables al mercado y desde hace varios años– el diseño y la operatividad de éste han dejado mucho que desear. Y exigen su restructura. Ya profundizaremos en ello. ¿Qué sucede en Gran Bretaña, en Argentina, en Colombia, en Chile, en Noruega? ¿Qué sucederá en el México del nuevo 27 constitucional, con leyes reglamentarias que se aprobarán en menos de 120 días? Lo iremos viendo. De veras. Periódico La Jornada

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Algunos artículos sobre tarifas

Si las tarifas llegan a bajar, no será antes de 5 años, prevé

No será fácil cumplir las promesas de energía más barata, advierte el Imef

Julio Reyna Quiroz

Periódico La Jornada
Miércoles 22 de enero de 2014, p. 26

La reforma energética no reducirá las tarifas de electricidad y de gas natural durante este sexenio, por lo que el gobierno federal está creando una expectativa que no será fácil de cumpliren relación con sus beneficios en los bolsillos de los mexicanos, afirmó este martes el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (Imef).

El organismo privado negó que el gobierno federal engañe a la población, al informarle que las tarifas de electricidad y de gas natural se reducirán con la reforma energética, pero es importante señalar que, si llegan a bajar, esto no ocurrirá antes de cinco años, afirmó el Imef.

Aun cuando la reforma y todo el andamiaje legal y operativo se implemente tal y como se planteó bajo el dictamen aprobado en el Congreso, esto no es sinónimo de una mejora automática en tarifas del sector público, indicó el presidente del organismo, Daniel Calleja Pinedo.

Sostuvo que las tarifas de electricidad en un mercado competitivo empezaríana mostrar reducciones a partir de la inversión en nuevas plantas de electricidad, pero considerando que la planeación y construcción de estas instalaciones lleva de cuatro a cinco años como mínimo, no podemos esperar que las tarifas bajen antes de un lustro.

En una conferencia de prensa, el presidente del Comité Técnico Nacional de Infraestructura del Imef, José Antonio Aguilar Bueno, afirmó que tardará mucho tiempo que bajen las tarifas de electricidad y de gas natural.

Explicó que el precio del gas natural no se fija en México sino en Estados Unidos, y las tarifas de electricidad se basan en los costos de ese energético. Entonces, el precio del gas natural no va a cambiar en los siguientes años.

Además, si se llegan a instalar más plantas de electricidad para ampliar la oferta, estas comenzarían a operar al menos en cuatro o cinco años a partir del comienzo de su construcción, sin tomar en cuenta el proceso de trámites y permisos, aclaró.

Otro factor que contribuiría a la baja de las tarifas eléctricas es un cambio tecnológico en la generación de electricidad, pero no vemos un escenario de este tipo al menos durante los próximos cinco años, afirmó. El directivo descartó que los anuncios gubernamentales a favor de la reforma energética constituyan un engaño o aseveraciones a medias. Yo no diría que es un engaño. Si cumple (la reforma energética) como se plantea en el Congreso, sí se va a dar (una baja en las tarifas), pero el asunto es el plazo. No es que no se pueda cumplir (con las expectativas), pero el plazo es importante, insistió.

En otro asunto, el vicepresidente del Imef, Jonathan Heat, sostuvo que el régimen fiscal aprobado para este año tendrá efectos recesivos que mermarán los ingresos de los hogares mexicanos. Añadió que el índice de inflación afectará a los consumidores en el primer trimestre, aunque tenderá a disminuir hacia la segunda mitad de 2014.

Y sigue la mata dando....

Monto similar a poco menos del valor total de la economía mexicana: 1.2 billones de dólares

Multimillonarios elevaron su riqueza en 524 mil mdd en 2013

El índice de Bloomberg incluye a cuatro mexicanos; el repunte, en un contexto de crisis global

Bill Gates y Carlos Slim, en el Museo de Antropología de la ciudad de México, en imagen de archivoFoto Marco Peláez

Roberto González Amador

Periódico La Jornada
Domingo 5 de enero de 2014, p. 21

Mientras la economía mundial desaceleró su crecimiento y el número de desempleados siguió más alto que antes de la recesión de 2008-2009, los multimillonarios del mundo aumentaron todavía más sus fortunas en 2013, mostraron datos de organismos internacionales y de un índice elaborado por el servicio informativo Bloomberg.

Las 300 personas más ricas del planeta, de acuerdo con una clasificación de Bloomberg, aumentaron sus fortunas el año pasado en un monto conjunto de 524 mil millones de dólares, cantidad que, comparativamente, equivale a poco menos de la mitad del valor de la economía mexicana, que es de 1.2 billones de dólares.

Las mayores ganancias provinieron de la industria de la tecnología, que se disparó 28 por ciento durante el año. De las 300 personas que aparecen en elranking final sólo 70 registraron una pérdida neta durante el periodo de 12 meses.

El crecimiento en las fortunas de los 300 hombres y mujeres más acaudalados del mundo ocurrió mientras la economía mundial desaceleró su crecimiento en 2013, según el Fondo Monetario Internacional. El organismo anticipó para el año pasado un aumento del producto interno bruto mundial de 2.8 por ciento, menor al registrado en 2012, que fue de 3.1 por ciento.

Según la Organización Internacional del Trabajo, en 2013 hubo 201.5 millones de desempleados en el mundo, cifra superior en 31.8 millones a la registrada en 2007, el año previo a que la economía cayó en recesión por la crisis financiera provocada por grandes grupos financieros de Estados Unidos.

En el listado hay cuatro mexicanos: Carlos Slim, principal accionista de América Móvil y Teléfonos de México, entre otras empresas, segunda fortuna mundial, con 73 mil 800 millones de dólares al cierre del año, mil 400 millones menos que al finalizar 2012. Lo sigue Alberto Bailleres, número 58 del listado, accionista de la minera Peñoles, de El Palacio de Hierro y del Grupo Nacional Provincial, con 15 mil 600 millones de dólares, 4 mil 400 millones menos que al concluir 2012.

En tercer sitio entre los mexicanos, Bloomberg ubica a Sara Mota de Larrea, viuda de Jorge Larrea que posee 36 por ciento de las acciones del minero Grupo México (su hijo, Germán Larrea, posee otro 16 por ciento), con una fortuna de 11 mil millones de dólares, 700 millones menos que al finalizar 2012. El cuarto puesto es ocupado por el propietario de Tv Azteca, Ricardo Salinas, con 9 mil 900 millones de dólares, mil 600 millones de dólares menos que al concluir 2012, de acuerdo con Bloomberg.

El valor neto de las fortunas de los 300 hombres y mujeres más ricas del planeta sumó 3.7 billones (millones de millones) de dólares al cierre de 2013, según dicha firma.

La fortuna de los 300 multimillonarios equivale a dos tercios del producto interno bruto de todos los países de América Latina y el Caribe que, de acuerdo con el Banco Mundial, es de 5.6 billones de dólares.

Los 300 multimillonarios poseen una riqueza que supera en 2.6 veces el valor de la economía de los países del África al sur del Sahara, donde viven 910 millones de personas, cuyo producto interno bruto es de 1.4 billones de dólares, de acuerdo con datos del Banco Mundial.

Los ricos fueron más ricos en 2013 y lo serán todavía más en 2014, según John Casimatidis, el multimillonario fundador del conglomerado de bienes raíces y energía Red Apple Group Inc, citado en un reporte divulgado en la ciudad de México por Burson Martseller, a propósito del índice de multimillonarios de Bloomberg.

Bill Gates, fundador y presidente del consejo directivo de Microsoft Corp, fue el mayor ganador el año pasado. La fortuna del magnate de 58 años se incrementó en 15 mil 800 millones de dólares hasta alcanzar 78 mil 500 millones de dólares, la mayor del planeta. Las acciones de Microsoft, la mayor empresa de software, subieron 40 por ciento.

Gates recobró el título como la persona más rica del mundo. Su fortuna se ha beneficiado también de un repunte en posiciones accionarias de Canadian National Railway Co y de la empresa productora de productos sanitarios Ecolab, que crecieron 34 por ciento y 45 por ciento, respectivamente, según reporte de Burson Martseller.

El índice de multimillonarios de Bloomberg es elaborado a partir de la evolución diaria de los precios en los mercados accionarios y datos sobre el desempeño de las diferentes economías, de acuerdo con su página electrónica.

Las acciones globales se dispararon en 2013 para lograr su mejor ganancia desde 2009; el Índice MSCI World avanzó 24 por ciento para cerrar el 31 de diciembre en mil 661.07 puntos. El Índice Standard and Poor’s creció 30 por ciento para cerrar en mil 848.36, su mayor ganancia anual desde 1997. El Stoxx Europe ganó 17 por ciento para cerrar en 328.26 unidades.

No vale la pena endeudar al país, alertan expertos en energía

El crédito de 450 mdd muestra que no era necesario destrozar la Constitución

Susana González

Periódico La Jornada
Lunes 13 de enero de 2014, p. 22

El préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a México por 450 millones de dólares para financiar al sector privado en proyectos de cogeneración eléctrica demuestra que no era necesario destrozar la Constitucióncon la reforma energética, porque tal como estaba la ley ya se permitía participar a las empresas, incluso con incentivos y apoyos crediticios, aseveró José Manuel Muñoz, presidente del Observatorio Ciudadano de la Energía (OCE).

Así como estamos, antes de que aprueben las leyes secundarias y comiencen a desmantelar el sector energético, se puede hacer todo en México. No hay restricción para ninguna actividad privada. Hay un sistema estatal de suministro de electricidad muy completo y complejo que a los mexicanos nos ha costado mucho tiempo desarrollar y en la realidad cada consumidor puede escoger a su proveedor, incluso a menor costo que el estatal y con incentivos fiscales. Hay todo un mercado eléctrico en este momento, explicó el especialista.

A su vez, Gilberto Ortiz, vicepresidente del sector químico de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), aseveró que no vale la pena endeudar al país y que el pueblo pague los intereses y condiciones que se imponen por un crédito internacional que es relativamente pequeño si se compara con lo costoso que resultan los proyectos de cogeneración y las necesidades de inversión, pues refirió que para el gasoducto Los Ramones se requirieron más de 3 mil millones de dólares.

Menos aún se justifica dicho endeudamiento si el préstamo del BID, solicitado por el gobierno desde el año pasado, se destina a grandes empresas de los sectores siderúrgico o cementero, apuntó Ortiz. Si son empresas grandes, tienen dinero, casi un pleonasmo, comentó a su vez Muñoz.

Gilberto Ortiz puntualizó que si el BID autoriza el crédito debe garantizarse que se destine a medianas empresas mexicanas. La Canacintra, dijo, siempre ha exigido que los recursos públicos sirvan para apoyar a las pequeñas y medianas empresas porque las grandes no necesitan del financiamiento del Estado, mucho menos las trasnacionales.

Ambos entrevistados puntualizaron que la cogeneración es buena para el país porque se requiere más energía y con tal mecanismo se reduce el uso de combustible y sube la eficiencia y aprovechamiento energético para beneficio de la industria.

El presidente del OCE calculó que con los 450 millones de dólares del BIDsalen tranquilamente 20 proyectos de cogeneración para que empresas de varios sectores tengan vapor y electricidad más baratas y consideró que se podría contratar a terceros.

–¿Cuáles empresas mundiales podrían participar como terceros?

–Son muchísimas. Las grandes como las que existen en México en la CFE pueden tener una rama de generación, pero no necesariamente tienen que ser compañías eléctricas, podrían ser de ingeniería y construcción especializadas en vapor y calderas. Cualquier empresa con plantas eléctricas puede operar una de cogeneración. Son diferentes escalas porque una planta para servicio público opera cientos de megavatios, de 250 en adelante, pero las de cogeneración son de 20, 30 y 50 megavatios.

Explicó que las industrias mexicanas requieren un promedio de 30 a 40 toneladas de energía térmica por hora, pero necesitan un buen financiamiento para que una planta de cogeneración sea viable y preferirán utilizar su capital para la fabricación de sus propios productos y no para generar electricidad.

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Los shopping centers, la utopía neoliberal

Emir Sader

En su fase neoliberal, el capitalismo implementa, como nunca en su historia, la mercantilizacion de todos los espacios sociales. Se diseminan los llamados no-lugares –como los aeropuertos, los hoteles, los shopping centers–, homogeneizados por la globalizacion, sin espacio, ni tiempo, similares en todo el mundo.

Los shopping centers representan la centralidad de la esfera mercantil a expensas de la esfera pública en los espacios urbanos. Para la esfera mercantil lo que importa es el consumidor y el mercado. Para la esfera pública, es el ciudadano y los derechos para todos.

Los shopping centers representan la ofensiva avasalladora contra los espacios públicos, son el contrapunto de las plazas páblicas. Son cápsulas espaciales condicionadas por las estéticas del mercado, según la definición de Beatriz Sarlos. Un proceso que homegeneiza a todos los shopping centers de São Paulo a Dubai, de Los Ángeles a Buenos Aires, de la ciudad de México a Ciudad del Cabo.

La instalación de un shoppingrediseña el territorio urbano, redefiniendo, desde el punto de vista de clase, las zonas donde se concentra cada clase social. El centro –donde todas las clases circulaban– se deteriora, mientras cada clase social se atrinchera en sus barrios, con claras distinciones de clase.

Los shopping, como ejemplos de no-lugares, son espacios que buscan que desparezca todo lo específico –no tienen reloj ni ventanas–, donde desaparece la ciudad en que está inserto, junto con el pueblo, el país. Esos vínculos son sustituidos por la conexión con las mismas marcas globalizadas de los otrosshopping del mundo, liquidando con las diferencias y las particularidades de cada país y ciudad, achatando todas las formas de consumo y de vida.

El shopping pretende sustituir la misma ciudad. Su aparición termina llevando al cierre de los cines tradicionales de las plazas públicas, sustituidos por docenas de salas de losshopping, que promueven la programación estándar de las grandes cadenas de distribución.

El shopping no puede controlar el ingreso de las personas, pero, como por milagro, sólo están ahí los que tienen poder adquisitivo; los pobres están ausentes.

Hay un filtro, muchas veces invisible, constrictivo, otras veces explícito, para que sólo ingresen los que cuentan: los consumidores. Al igual que al capitalismo neoliberal.

Los shopping centers constituyen la utopía del neoliberalismo, un esapacio donde todo es mercancía, todo tiene precio, todo se vende, todo se compra, todo está mercantilizado. Junto con los espacios públicos, desaparecen los cuidadanos y sus derechos. Que sólo interesan mientras sean productores de las mercancías a ser consumidas en losshoppings.

La inseguridad en las ciudades –la real y la explorada por los medios–, el mal tiempo, la contaminación del aire, el tránsito, proyectan a la gente que puede a refugiarse en esa cápsula, que la abriga aparentemente de todos los riesgos. Casi ya es posible nacer y morir en unshopping –sólo faltan la maternidad y el cementerio, hoteles ya hay. La utopía –sin pobres, sin ruidos, sin calles mal cuidadas, sin niños pobres vendiendo chicles en las esquinas o pidiendo limosnas. El mundo del consumo, reservado para pocos, es el reino absoluto del mercado, que determina todo, no sólo quién tiene derecho de acceso al shopping, sino también la distribución de las tiendas, los espacios obligatorios a circular, todo comandado por el marketing.

Como toda utopía capitalista, está reservada para pocos, porque basta el consumo de 20 por ciento de la población para dar salida a las mercancías y los servicios disponibles y alimentar a la reproducción del capital.

Para que esas cápsulas ideales existan, es necesaria la superexplotación de los trabajadores –niños, adultos, ancianos– en las oficinas clandestinas, con trabajadores paraguayos y bolivianos en São Paulo y en Buenos Aires, así como en Bangladesh y en Indonesia, que producen para que las grandes marcas exhiban sus ropas y tenis lujuosos en sus esplendorosas tiendas en los shoppings.

Es un espacio privatizado de las ciudades, reservado para algunos. Cuando jóvenes –como ahora en Brasil– deciden celebrar sus encuentros en losshoppings, causan pánico en los gerentes de las tiendas, que no saben qué hacer, porque no pueden prohibir su ingreso, pero la vez saben que no son los consumidores de lujo a los que están dirigidas las tiendas.

El choque entre el mundo de losshoppings y los espacios públicos tradicionales –plazas, espacios culturales, clubes desportivos abiertos– es la lucha entre la esfera mercantil y la esfera pública, entre el mundo de los consumidores y el mundo de los ciudadanos, entre el reino del mercado y la esfera de la ciudadanía, entre el poder del consumo y el derecho de todos.

Es un choque que está en el centro del enfrentamiento entre el neoliberalismo y el posneoliberalismo, entre la forma extrema que asume el capitalismo contemporáneo y las formas de sociabilidad solidaria de las sociedades que asumen la responsabilidad de construir un mundo menos desigual, más humano.

Publicado en La Jornada, el 21 de enero de 2014.

Publicamos algunos artículos que nos muestran para quienes se hicieron las reformas como la energética en México.

Sólo 85 ricos acaparan el equivalente a lo que posee la mitad más pobre

Dpa

Periódico La Jornada
Martes 21 de enero de 2014, p. 23

Londres, 20 de enero. La organización británica Oxfam denuncia en un informe presentado hoy que las 85 personas más ricas del mundo tienen una fortuna equivalente a todas las posesiones de la mitad de la población más pobre del planeta.

Oxfam, que divulgó su informe de cara al Foro de Davos que comienza este miércoles, critica la evasión de impuestos que hacen los más ricos a través de los paraísos fiscales, así como la política estatal de ahorro que afecta sobre todo a las capas sociales más bajas.

Las élites acomodadas han cooptado el poder político y definen las reglas del juego económico, socavando la democracia, afirma la organización, la cual subraya que este proceso ocurre tanto en los países desarrollados como en desarrollo. En su informe denuncia el secuestro de la democracia en beneficio de las élites económicas.

Encuestas realizadas en Estados Unidos, Reino Unido, España, Brasil, India y Sudáfrica muestran que la mayoría de las personas opinan que las leyes se hacen para favorecer a los más ricos.

No podemos esperar ganar la batalla a la pobreza sin combatir el problema de la desigualdad, señaló la directora ejecutiva de Oxfam, Winnie Byanyima.

El problema de los privilegios que tienen unos y las desventajas de los otros amenaza con extenderse durante generaciones. Pronto viviremos en un mundo en el que la igualdad de oportunidades no será más que un sueño, destacó.

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