A las organizaciones defensoras de derechos humanos
A la sociedad mexicana
Después de haber cumplido 10 meses de injusta prisión, por delitos que nunca cometimos y que fueron fabricados en contubernio entre la Comisión Federal de Electricidad y la Procuraduría General de la República, hemos decidido iniciar una HUELGA DE HAMBRE indefinida, hasta que los tribunales federales reconozcan nuestra inocencia y acaten la Sentencia del Amparo 41-2009 B emitida por el Tribunal Unitario de Circuito de Mérida que reconoce que no cometimos ninguno de los delitos que nos imputaron.
Actualmente el Tribunal Colegiado de Circuito de Mérida, se encarga de tramitar la revisión que interpuso la PGR en contra de la sentencia de Amparo que nos beneficiaba, desde el 10 de marzo la magistrada Luisa García Romero estudia el Amparo en Revisión 0031/2010 y a pesar de que legalmente contaba con un plazo de 30 días hábiles para resolver este recurso, ha dejado pasar el tiempo alegando “carga de trabajo” y nos ha colocado en una flagrante detención arbitraria, de conformidad con los criterios internacionales de derechos humanos, pues no puede someterse a nadie a estar privado de su libertad más allá del plazo fijado por la ley o de la pena impuesta por un tribunal competente.
La Magistrada ponente así como todo el Tribunal Colegiado de Circuito de Mérida, nos han negado el acceso a la justicia, a pesar de que el 4 de marzo de este año Amnistía Internacional nos declaró como “presos de conciencia”, de que el 24 de marzo el pleno del Senado de la República se pronunció por nuestro caso “exhortando al Poder Judicial Federal” a atender de manera prioritaria nuestra situación jurídica y de que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, reconoció que fuimos encarcelados por nuestro activismo social en contra de las altas tarifas de la energía eléctrica.
La negación de justicia alegando “carga de trabajo” por parte de de la Magistrada ponente, es completamente arbitraria, ilegal y violatoria de nuestras garantías individuales y nuestros derechos humanos, por ello, hacemos responsable de nuestro estado de salud y de nuestra integridad física durante esta huelga de hambre a la Comisión Federal de Electricidad, a la Procuraduría General de la República, al Juzgado Primero de Distrito de Campeche, al Tribunal Unitario de Circuito de Campeche y en especial al Tribunal Colegiado de Circuito de Mérida, pues todas estas autoridad en una franca complicidad nos mantienen en prisión de manera ilegal y arbitraria.
Para constatar el inicio de esta huelga de hambre y para hacer entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos “Don Sergio Méndez Arceo” a Sara López González, una delegación de 15 representantes de organismos defensores de derechos humanos a nivel nacional nos visitarán al interior del penal estatal de San Francisco Kobén, y se entrevistarán con funcionarios estatales y federales para conocer nuestra situación jurídica y para constatar las violaciones a los derechos fundamentales cometidas en nuestra contra y en contra de toda la comunidad en resistencia de Candelaria y comunidades aledañas.
La visita de los representantes de organismos de derechos humanos nacionales en Campeche permitirá documentar y acreditar las violaciones a nuestros derechos, documentar el papel del Tribunal Colegiado de Circuito de Mérida y de la magistrada Luisa García Romero y suscribir después de su visita la comunicación al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas para que conozca de nuestro caso, comunicación que será enviada la siguiente semana a la oficina de la ONU en Ginebra. Este medida extrema que pone en riesgo nuestra vida, no es ni será sencilla, porque somos inocentes y tenemos que estar libres, porque estamos presos como forma de represión política del gobierno federal, arriesgamos nuestra integridad hasta sus últimas consecuencias.
Desde el Penal estatal de San Francisco Kobén, Campeche 14 de mayo de 2010: Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez y Guadalupe Borjas Contreras.
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