Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Sábado 25 de febrero de 2012, p. 17
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emprende una política de criminalización
de la pobreza contra quienes no pueden pagar las tarifas que la empresa cobra
en algunas entidades, y contra los que se organizan para denunciar esta
situación, afirmaron integrantes de la Red Nacional de Resistencia contra las
Altas Tarifas de la Energía Eléctrica.
David Peña, abogado de dicho colectivo, señaló que muestra de ello es la
reciente aprehensión de la activista oaxaqueña Lucila Bettina Cruz –quien ya
fue liberada el viernes–, lo cual ocurrió de forma casi simultánea a la de Francisco
Hernández Ochoa, en Chihuahua, acusado por el mismo supuesto delito de ataque a
la distribución de electricidad, lo que pone en evidencia la utilización
política de los aparatos de justicia.
Si no pagas, te imputan el cargo de afectación a la riqueza nacional, y
si protestas, te acusan de privación ilegal de la libertad. Están
criminalizando la pobreza y el descontento, y castigando a quienes se organizan
para exigir una tarifa justa. La Procuraduría General de la República tiene una
actuación de mano dura contra los activistas y mano blanda contra los
verdaderos criminales, deploró en conferencia de prensa.
Destacó el encarcelamiento por 11 meses de Sara López, Joaquín Aguilar y
Guadalupe Borjas, en Campeche, en 2009-2010, y el hecho de que si no es por
cargos judiciales, la CFE puede demandar a sus opositores por la vía mercantil
cuando éstos se niegan a pagar el consumo, y realiza embargos precautorios con
el objetivo de intimidar, como ha ocurrido en el municipio de Los Choapas,
Veracruz.
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/25/politica/017n2pol
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