Los de Abajo
Presa La Parota
Gloria Muñoz Ramírez
Son grandes los intereses políticos y empresariales que están detrás del
proyecto hidroeléctrico La Parota, en Guerrero. Como ejemplo basta la reciente
declaración del fundador y líder moral del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien apenas dos días después de la
arbitraria detención del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores
a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, declaró sin
ambages que debe ser construida.
No le importaron al líder perredista
los 11 años de lucha de 47 pueblos que serán afectados por la presa. Ante los
empresarios agrupados en la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), en Acapulco, señaló que es una obra necesaria, afirmación con
la que no coinciden los habitantes de los 13 poblados que serán desaparecidos,
ni los 20 mil habitantes a los que se obligaría a abandonar sus hogares (de los
cuales 76 por ciento se dedica a la actividad agrícola); ni las 14 mil 213
hectáreas de cultivo afectadas. Tampoco le incomoda a Cárdenas ni a su partido
la desaparición de los mantos freáticos que abastecen de agua al puerto de
Acapulco y el embalse de 13 mil 728 hectáreas de superficie.
Para Abel Barrera Hernández, director
del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la detención del
vocero del Cecop y las declaraciones de Cuauhtémoc Cárdenas refieren
que las autoridades municipales y estatales de cualquier partido político
están alineadas para que se construya La Parota.
En este contexto se inscribe la
detención de Suástegui Muñoz, recluido desde el 17 de junio en un penal de alta
seguridad en Tepic, Nayarit, y a quien se le ha tratado como delincuente,
mientras la persecución continúa en las comunidades que se oponen al
megaproyecto: En el pueblo las fuerzas públicas están hostigando a la
gente, requisándola y amedrentándola, ya no hay paz, denuncia Guillermina
Suástegui, hermana de Marco Antonio”.
Los comuneros advierten: La presa
no va: primero tienen que pasar sobre nosotros y nosotras. La detención y el
traslado tan inmediato de Marco Antonio es algo meramente político; ellos
piensan que sin él, el movimiento se debilitará, pero no será así. Y por eso se
preparan para reactivar los plantones, hacer campañas de información, y
fortalecer las redes de solidaridad.
En Guerrero, advierte el director de
Tlachinollan, estamos ante una escalada represiva. La fabricación de
delitos es la manera de disuadir y generar temor entre la población y las
organizaciones. Ellos, los gobiernos, nos mandan el mensaje de que cualquier
persona que se oponga a sus lineamientos es un candidato a cualquier tipo de
represalias.
