jueves, 28 de enero de 2010

Se suman 15 ejidos a Resistencia Civil

Campiranos se niegan a pagar recibos de luz que les llegan desde 4 mil a 7 mil pesos.

Francisco Jiménez Alejandro, dirigente de Resistencia Civil, pretende que senadores y diputados intervengan en la reducción de tarifas de CFE.

Andrés Chávez Navarro/Las Choapas
26 de Enero del 2010

Ante los incrementos a la tarifa del consumo energético en algunas comunidades rurales del municipio choapense, delegados de al menos 15 ejidos adheridos a la “Unión de Ejidos 23 de Junio” se han sumado a la resistencia civil contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues a decir del dirigente de dicho movimiento pacífico, Francisco Jiménez Alejandro, los recibos les llegan desde los 4 mil hasta 7 mil pesos.
En ese sentido el también empresario de esta localidad refirió: “Nos pidió la Unión de Ejidos 23 de Junio que nos coordináramos con ellos, ya que en varias comunidades rurales últimamente les han empezado a llegar recibos de consumo energético bastante caros; así mismo reconocieron que hay familias que cuentan con aparatos electrodomésticos, pero que no comprenden el porqué de los cobros desde los 4 mil hasta los 7 mil pesos, de tal forma que dichas familias se han unido a la resistencia civil, sumando ya un total de 2 mil 400 usuarios en resistencia”.
De igual forma se le cuestionó a Francisco Jiménez Alejandro que a cuánto ascendería el adeudo que los usuarios en resistencia estarían debiendo a la CFE, a lo que respondió: “Alguna vez nos dijeron en las oficinas de Coatzacoalcos que ya les debíamos cerca de 50 millones de pesos, sin embargo, nosotros actualmente desconocemos tal información, pues desde hace 14 meses nos mantenemos en resistencia pacífica”.
Asimismo, el dirigente de dicho movimiento indicó que durante este 2010 la lucha continuará con un firme propósito, el que se les condone el adeudo que tiene cada uno de los simpatizantes de dicho movimiento, así como la reducción de las tarifas acordando una sola de menos del 50 por ciento a la actual; por lo que dicha solicitud ya ha sido entregada en manos de los senadores Juan Bueno Torio y Dante Delgado Rannauro, así como a toda la fracción del PAN en el Congreso del Estado, de quienes esperan respuestas positivas.
De acuerdo con Jiménez Alejandro los simpatizantes de dicho movimiento esperan que la tarifa por consumo de energía eléctrica en Las Choapas sea igualada a como están establecidas en los vecinos estados de Tabasco y Chiapas, en donde el costo es cuatro veces menor a la que se tiene en el municipio choapense, la cual está estipulada como la 1b, de las siete tarifas del rango de la CFE.
“Este bimestre podría incrementarse la matrícula, porque noviembre, diciembre y enero viene desfasado por etapas, es el más caro de los nueve meses del año, ya que a decir de la CFE el subsidio de verano desaparece, por ejemplo en verano mil kilos tiene un costo de mil 500 pesos, mientras que en diciembre tiene un valor de 5 mil 500 pesos”, aseveró.

miércoles, 27 de enero de 2010

BOLETÍN DE PRENSA

-- La CFE persigue y encarcela a defensores de derechos humanos y sociales por apoyar a consumidores de abusos de altas tarifas de luz eléctrica

-- Defensores sociales llaman a crear el Comité de Defensa de Perseguidos y Presos Políticos por CFE.

En los últimos meses la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha intensificado las acciones de persecución y de hostigamiento en todo país contra defensores de consumidores que han denunciado los arbitrarios cobros por las altas tarifas de la energía eléctrica. Para ello ha criminalizado la protesta social, con la colaboración fraguada con la Procuraduría General de la República (PGR).

Con una política de intimidación han obligado a miles de consumidores pobres de comunidades del centro y del sureste del país a pagar multas y cobros excesivos, recursos que la CFE seguramente utiliza para cubrir sus deudas con empresas transnacionales (GAMESA, IBERDROLA, etc.)

Entre estos casos destaca la brutal represión que han sufrido, decenas de vecinos de bajos recursos de Candelaria, Campeche, en particular los dirigentes del Movimiento de Resistencia Civil contra Altas Tarifas de la Energía Eléctrica , quienes desde hace más de seis meses se encuentran encarcelados. Sara López, Guadalupe Borjas y Joaquín Aguilar permanecen en el penal de Koben acusados falsamente por el delito de privación ilegal de la libertad, aunque en realidad los encarcelaron por oponerse a los abusos de la CFE.

Los presos de Campeche recibieron el pasado 8 de Enero una sentencia favorable en el juicio de amparo que interpusieron, sin embargo la PGR apelo dicha sentencia con tal de mantenerlos como rehenes.

En el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, indígenas de Xadani, Juchitán e Ixtepec también vienen siendo perseguidos y acusados de graves delitos, sólo por protestar por los abusos que comete la CFE. Esta misma situación la viven pobladores de Santiago Ixcuintla en Nayarit y Alto Lucero en Veracruz.

La CFE va más allá. Ahora busca criminalizar a abogados y defensores de derechos humanos. En el caso Candelaria, ha presentado una denuncia penal en contra del abogado de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República Hugo Rosas y contra los defensores de derechos sociales Carlos Beas (UCIZONI), Rodolfo Chávez (CECOP) y Martín Velázquez (COMCAUSA) todos ellos miembros de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) por daños a propiedad de la CFE presuntamente cometidos en julio pasado, durante un mitin realizado ante sus oficinas centrales en la ciudad de México.

La CFE no señala que los dirigentes sociales y el abogado accedieron conforme a su derecho a un diálogo con funcionarios del Depto. Jurídico de la CFE para atender el caso de los presos de Candelaria. Este supuesto diálogo se transformó en una celada y abuso de autoridad. Así es como entiende el diálogo la CFE , empresa que cree que encarcelando a quienes denuncian los cobros arbitrarios y las altas tarifas va a frenar el descontento que ya se extiende por todo el país.

A partir de esta demanda penal, la PGR viene intimidando y hostigando a nuestros compañeros y a sus familias. Los compañeros denunciados no tienen responsabilidad en los hechos que les imputan, muestra de ello es que en la averiguación previa PGR / DDF/ SPE – VIII/ 3823 / 09. 08 / INC/ FCH – CUH-5/T3 /1798/ 09-0 de la Agencia del Ministerio Publico de la Federación Titular de la Mesa VIII-DDF radicada en La Ciudad de México D.F. no existen pruebas ni testigos de cargo; sin embargo la PGR le ha dado entrada y la utiliza para perseguir a nuestros compañeros.

Los compañeros acudirán a las instalaciones de la PGR el día de hoy 26 de Enero para presentar sus declaraciones por escrito, toda vez que la denuncia presentada por parte de la CFE es totalmente infundada. Exigimos al ministerio público federal que decrete el no ejercicio de la acción penal contra Hugo Rosas De León, Juan Carlos Beas Torres, Rodolfo Chávez Galindo y José Martín Velázquez Pérez.

Con el objetivo de integrar el descontento en contra de las arbitrariedades de la Comisión Federal de Electricidad, la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) CONVOCA a organizaciones sociales, juntas de vecinos y ciudadanos a conformar EL COMITÉ DE PERSEGUIDOS Y PRESOS POLÍTICOS DE LA CFE para denunciar sus abusos, y detener los cobros arbitrarios por las altas tarifas de luz.

México, D.F. enero 26 de 2010
ALIANZA MEXICANA POR LA AUTODETERMINACION DE LOS PUEBLOS-AMAP

viernes, 22 de enero de 2010

Tomado de http://enlacezapatista.ezln.org.mx/denuncias/2847

Apoyo a los presos políticos en Campeche

Compas, es de crucial importancia hacerle presion en estos momentos al gobierno para la liberacion inmediata de nuestros compañeros y compañera presas politicas de Candelaria, Campeche. En esta semana el gobierno decidirá si los libera, o reclasifica sus delitos, inventando otra excusa para mantenerlos encarcelados.

Compañer@s:
Esta por resolverse la situación legal de l@s compañer@s presos en Campeche, que fueron demandados por la CFE y además esta semana llega una comisión de Amnistía Internacional a entrevistarse con ellos y por ello es URGENTE difundir la injusticia que sufren y suscribir una acción urgente que les estaremos haciendo llegar a la brevedad posible.

Comité de Apoyo a los Presos y Perseguidos de la CFE

¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS PRES@S POLITICOS DE CANDELARIA CAMPECHE!

Magistrado Federal reconoce la inexistencia de los delitos imputados a los Presos Políticos de Candelaria, Campeche.
Ordena en una resolución de Amparo que se reclasifique el delito o que se dicte el Auto de Libertad correspondiente.
Su inocencia está probada, su libertad tiene que ser incondicional e inmediata, mantenerlos en prisión es un acto de represión política por parte del Gobierno Federal.

El pasado viernes 8 de enero, fue notificada la resolución de un Juicio de Amparo que se interpuso en el Tribunal Unitario de Circuito de Mérida en contra del Auto de Formal prisión que mantiene en la cárcel a Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez y Guadalupe Borjas Contreras y mantiene bajo proceso a Elmer y Guadalupe Lizcano, en esta notificación el Magistrado resolvió que “no se acreditan ninguno de los 2 delitos por los que se dictó el auto de formal prisión atacado”, y por lo tanto ordenó al Juez Segundo de Distrito con sede en Campeche que “se sirva a reclasificar el delito bajo el que se dictó el auto de formal prisión o en su caso de no poder hacerlo por no modificar los hechos, se sirva a dictar el auto de libertad correspondiente”.

Los delitos que se les imputa a nuestros compañer@s son Privación ilegal de la libertad en su modalidad de retener a un funcionario como rehén y obstrucción de obra o servicio público, ambos delitos fabricados falsamente por la PGR y la CFE para atacar y criminalizar sus acciones de resistencia civil pacífica que desarrollan en contra de las altas tarifas de la energía eléctrica en la ciudad de Candelaria, Campeche y en el Frente Nacional de Resistencia contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica.

Esta victoria jurídica que tiene un efecto directo en las condiciones de libertad y seguridad de nuestros compañer@s, demuestra su inocencia plenamente y demuestra la intención del gobierno federal para utilizar las instituciones y criminalizar la pobreza y la protesta social, pues esta práctica se está desarrollando también contra compañeros y compañeras de la Resistencia de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Guerrero.

Ante esta decisión judicial el Ministerio Público de la Federación puede solicitar que sea “revisada” por un Tribunal Colegiado y con ello alargar el tiempo de reclusión de Sara, Joaquín y Guadalupe, a pesar de que ha quedado demostrado con base en los hechos reales y en las pruebas ofrecidas ante la autoridad Judicial Federal, que todos ellos son inocentes y que tienen que ser puestos en libertad inmediatamente, porque son presos Políticos y de Conciencia.

En la misma averiguación previa de este caso se encuentran 28 compañer@s más, con delitos fabricados y sin ninguna prueba en su contra, incluso algunos de ellos ya tienen órdenes de aprehensión libradas por el mismo Juez Segundo de Distrito de Campeche.

Ante todo esto exigimos:
Que la PGR se declare conforme con la resolución del Amparo que desconoce la existencia de esos delitos fabricados y que ordena la inmediata liberación de nuestros compañeros.

Que la Comisión Federal de Electricidad en complicidad con la PGR pongan fin a los actos de intimidación y criminalización desplegados en contra de las organizaciones y comunidades que integran la Red Nacional de Resistencia contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica.

Que se ponga inmediatamente en libertad a Sara, Joaquín y don Guadalupe.

¡LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL A LOS PRES@S POLITICOS DE CAMPECHE!
¡ALTO A LOS ACTOS DE INTIMIDACIÓN Y REPRESIÓN EN CONTRA DE LA RESISTENCIA NACIONAL CONTRA A LAS ALTAS TARIFAS DE LA ENERGIA ELECTRICA !

Zapateando informa:


Libertad a los presos políticos de Candelaria, Campeche

Foto: Sipaz

La resolución del Tribunal Unitario de Circuito de Mérida en el Juicio de Amparo que favoreció a los presos de conciencia Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez y Guadalupe Borjas Contreras, porque «no se acreditan ninguno de los dos delitos por los que se dictó el auto de formal prisión”, confirma lo que ya sabíamos:
Que el encarcelamiento de los tres presos de la Resistencia Civil en contra de las Altas Tarifas de a Luz, así como de Elmer Castellanos Velázquez y Guadalupe Lizcano, ya libres pero aún sujetos a proceso, es una medida de represión política.
Los delitos de los que los acusan: privación ilegal de la libertad por la retención de funcionarios y obstrucción de obra o servicio público, jamás fueron cometidos.
Se trata de una clara violación a sus derechos humanos: el uso indebido del código penal que en lenguaje llano se conoce como fabricación de delitos.
La verdadera motivación de su encarcelamiento y su proceso penal es política. Es una manera de golpear al movimiento social que exige un derecho: servicio de energía eléctrica a un precio justo y no las tasas abusivas de cobros que les ha impuesto la Comisión Federal de Electricidad.
Por ello, exigimos la libertad total e incondicional de los tres presos en el penal de San Francisco Koben Campeche, así como la de los dos ex presos aún sujetos a juicio.
Asimismo apoyamos la justa demanda de la Resistencia Civil en contra de las Altas Tarifas de a Luz
Los compañeros detenidos son integrantes de la Otra Campaña. Sus compañeros de todo el país estamos pendientes de que sean liberados y los seguiremos apoyando hasta alcanzar su libertad y la obtención de sus demandas de lucha.
¡Presos políticos libertad!
¡Vivan el EZLN y la Otra Campaña!
Zapateando,
al son de los medios abajo y a la izquierda


Zapateando
Al son de los medios abajo y a la izquierda
Aabron Xalapa (Skipe)
"Le echamos aire a la palabra para que vuele alto y lejos..."
Comunicación libre desde la Otra Campaña

martes, 19 de enero de 2010

LIBERTAD A LOS COMPAÑEROS PRESOS EN CANDELARIA, CAMPECHE

Lic. Arturo Chávez Chávez

Procurador General de la República

Lic. Fernando Francisco Gomez-Mont Urueta

Secretario de Gobernación

Lic. Francisco Javier Molina Ruíz

Subprocurador de Control Regional, procesos penales

y Amparo PGR

Lic. Gerónimo Gutiérrez Fernández

Subsecretario de Gobierno SEGOB

Presente.

El 25 de septiembre de 2008 se presentó una denuncia y se integró una Averiguación Previa ante el Ministerio Público de la Federación con sede en la ciudad de Escárcega, Campeche por la presunta comisión de diversos ilícitos en contra del personal y de la propia Comisión Federal de Electricidad, tras varios meses de integrarse la averiguación previa PGR/CAMP/ESC-I/103/2008 se determinó consignarla al Juez Segundo de Distrito con sede en la ciudad de Campeche.

Durante todos los meses en que se integró la averiguación previa en comento, y aún después de su consignación, la defensa de las personas señaladas como probables responsables presentaron pruebas y testimonios para acreditar la inocencia todos ellos y para demostrar jurídicamente las irregularidades y violaciones procesales en que había incurrido el Ministerio Público de la Federación durante la integración de dicha investigación.

Las irregularidades procesales y violaciones cometidas durante este proceso, así como los razonamientos jurídicos deficientes y parciales vertidos en al correspondiente Auto de Formal Prisión dictado por el Juez Segundo de Distrito el 16 de julio de 2009, tras haber aprehendido y presentado a Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez, Elmer Castellanos Velázquez, Guadalupe Lizcano Gómez y Guadalupe Borjas Contreras, fueron denunciados ante diversas instancias nacionales e internacionales de Derechos Humanos, entre ellas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quien abrió una queja en la Programa de Agravios contra Periodistas y Defensores Civiles, y Amnistía Internacional con sede en Lóndres quienes realizarán en los próximos días una visita in situ a Campeche para entrevistarse con Sara, Joaquín y Guadalupe y documentar las violaciones a los derechos humanos que han sufrido tanto en la integración de la averiguación previa como en su detención y posterior encarcelamiento.

El pasado 8 de enero fue notificada a la defensa de Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez y Guadalupe Borjas Contreras, la resolución de Amparo adoptada por el Magistrado Unitario con sede en Mérida el Lic. Pablo Vicente Monroy Gómez derivada del Amparo Penal 41/2009 radicado en dicha instancia judicial, contra la Apelación deficiente que ratificaba el auto de formal prisión dictado el 16 de julio de 2009, en esta resolución el Magistrado de Mérida resolvió que “de los elementos probatorios ofrecidos por la representación social y que fueron considerados por el Juez de la Causa no se logran acreditar ninguno de los delitos por los cuales se ha dictado el auto de formal prisión recurrido” y en su Considerando Quinto señala que en atención a lo anterior el Magistrado Unitario con sede en Campeche que conoció la Apelación contra el Auto de Formal Prisión se sirva a “reclasificar el delito de ser posible y si no lo fuera porque los hechos no pueden ser modificados se sirva a ordenar que se dicte el auto de libertad correspondiente”.

Ante esta resolución que reconoce la inexistencia de los delitos que se les imputan a López González, Aguilar Méndez y Borjas Contreras, el Ministerio Público de la Federación podría en términos de la Ley de Amparo presentar un recurso de revisión para que esta resolución favorables fuera observada por un Tribunal Colegiado, alargando con ello el periodo de prisión preventiva de los activistas y defensores de derechos humanos y demostrando con ello que existe alguna otra motivación en la toma de sus decisiones y de sus acciones que no son precisamente el velar por el interés de la sociedad, pues ninguna de las tres personas han atentado o vulnerado ninguna ley o norma jurídica tal y como lo reconoció el Magistrado Unitario de Mérida.

Es por ello que a través de esta misiva, nos permitimos solicitarle que considere la posibilidad de que el Ministerio Público de la Federación no interponga ningún recurso de revisión contra la resolución del Magistrado Unitario con sede en Mérida de fecha 11 de enero de 2010, que se declare conforme con dicha resolución y con ello, permita que el Magistrado Unitario de Campeche dé cumplimiento al Amparo y ordene la inmediata liberación de los 3 activistas privados de su libertad.

Estaremos atentos al igual que las organizaciones de derechos humanos internacionales de la decisión que adopte el Ministerio Público de la Federación en los próximos días y lo haremos del conocimiento de la comunidad internacional.

A T E N T A M E N T E

MOVIMIENTO AMPLIO DE RESISTENCIA CIVIL EN CHIHUAHUA

lunes, 18 de enero de 2010

UN PASO ADELANTE EN LA LUCHA CONTRA LAS ALTAS TARIFAS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS PRES@S POLITICOS DE CANDELARIA CAMPECHE!

· Magistrado Federal reconoce la inexistencia de los delitos imputados a los Presos Políticos de Candelaria, Campeche

· Ordena en una resolución de Amparo que se reclasifique el delito o que se dicte el Auto de Libertad correspondiente.

· Su inocencia está probada, su libertad tiene que ser incondicional e inmediata, mantenerlos en prisión es un acto de represión política por parte del Gobierno Federal.

El pasado viernes 8 de enero, fue notificada la resolución de un Juicio de Amparo que se interpuso en el Tribunal Unitario de Circuito de Mérida en contra del Auto de Formal prisión que mantiene en la cárcel a Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez y Guadalupe Borjas Contreras y mantiene bajo proceso a Elmer y Guadalupe Lizcano, en esta notificación el Magistrado resolvió que “no se acreditan ninguno de los 2 delitos por los que se dictó el auto de formal prisión atacado”, y por lo tanto ordenó al Juez Segundo de Distrito con sede en Campeche que “se sirva a reclasificar el delito bajo el que se dictó el auto de formal prisión o en su caso de no poder hacerlo por no modificar los hechos, se sirva a dictar el auto de libertad correspondiente”.

Los delitos que se les imputa a nuestros compañer@s son Privación ilegal de la libertad en su modalidad de retener a un funcionario como rehén y obstrucción de obra o servicio público, ambos delitos fabricados falsamente por la PGR y la CFE para atacar y criminalizar sus acciones de resistencia civil pacífica que desarrollan en contra de las altas tarifas de la energía eléctrica en la ciudad de Candelaria, Campeche y en el Frente Nacional de Resistencia contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica.

Esta victoria jurídica que tiene un efecto directo en las condiciones de libertad y seguridad de nuestros compañer@s, demuestra su inocencia plenamente y demuestra la intención del gobierno federal para utilizar las instituciones y criminalizar la pobreza y la protesta social, pues esta práctica se está desarrollando también contra compañeros y compañeras de la Resistencia de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Guerrero.

Ante esta decisión judicial el Ministerio Público de la Federación puede solicitar que sea “revisada” por un Tribunal Colegiado y con ello alargar el tiempo de reclusión de Sara, Joaquín y Guadalupe, a pesar de que ha quedado demostrado con base en los hechos reales y en las pruebas ofrecidas ante la autoridad Judicial Federal, que todos ellos son inocentes y que tienen que ser puestos en libertad inmediatamente, porque son presos Políticos y de Conciencia.

En la misma averiguación previa de este caso se encuentran 28 compañer@s más, con delitos fabricados y sin ninguna prueba en su contra, incluso algunos de ellos ya tienen órdenes de aprehensión libradas por el mismo Juez Segundo de Distrito de Campeche.

Ante todo esto exigimos:

· Que la PGR se declare conforme con la resolución del Amparo que desconoce la existencia de esos delitos fabricados y que ordena la inmediata liberación de nuestros compañeros.

· Que la Comisión Federal de Electricidad en complicidad con la PGR pongan fin a los actos de intimidación y criminalización desplegados en contra de las organizaciones y comunidades que integran la Red Nacional de Resistencia contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica.

· Que se ponga inmediatamente en libertad a Sara, Joaquín y don Guadalupe.

¡LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL A LOS PRES@S POLITICOS DE CAMPECHE!

¡ALTO A LOS ACTOS DE INTIMIDACIÓN Y REPRESIÓN EN CONTRA DE LA RESISTENCIA NACIONAL CONTRA ALS ALTAS TARIFAS DE LA ENERGIA ELECTRICA!

jueves, 14 de enero de 2010

MOVILIZACIÓN

RESISTENCIA CIVIL AL NO PAGO DE LAS ALTAS TARIFAS DE LUZ ELECTRICA
CANDELARIA, CAMPECHE.

COMPAÑEROS:

Les informamos que el día lunes 18 de enero llevaremos acabo una pequeña pero significativa marcha en la ciudad de Campeche, con la finalidad de presionar al gobierno del estado y al ministerio público para que dejen en liberttad a nuestros compañeros presos desde el día 10 de julio del año pasado...; pues ya que al parecer todo va marchando bien en el proceso jurídico, por lo tanto exijiremos la libertad de los compañeros...

lunes, 11 de enero de 2010

Investigan por corrupción a Elías Ayub, director de la CFE


J. Jesús Esquivel

HOSUTON, 9 de enero (Proceso).- El caso de corrupción que involucra a funcionarios de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad –el organismo que está supliendo las funciones de la disuelta Luz y Fuerza del Centro, estigmatizada como ineficiente, y su sindicato como corrupto– arroja los primeros nombres. Una autoridad relacionada con las indagatorias que realiza la PGR en torno al caso reveló a Proceso que, en la lista de los que serán investigados, se encuentran Rogelio Gazca Neri, Alfredo Elías Ayub, Benjamín Contreras Astiazarán y Antonio García Luna, además de directivos y exdirectivos en México de la empresa sueca ABB.

Los actos de corrupción en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dados a conocer por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, motivaron que la Procuraduría General de la Republica (PGR) abriera una investigación en contra de varios funcionarios y exfuncionarios de la paraestatal y de la Secretaría de Energía (Sener).

Una funcionaria del gobierno mexicano, cercana a la investigación, informó que la indagatoria “será muy exhaustiva”. El objetivo es “encontrar a los funcionarios responsables de conceder contratos sin licitación a una empresa estadunidense subsidiaria de la corporación ABB de Suecia, a cambio del pago de varios millones de dólares”.

Bajo la condición de que no se revele su identidad, la funcionaria entregó a Proceso una lista de los servidores públicos que, entre otras personas, son objeto de investigación por parte de la PGR debido a su “presunta responsabilidad” en los actos de corrupción descubiertos en el seno de la CFE:

Se trata de Rogelio Gazca Neri, exdirector de la CFE, y de Alfredo Elías Ayub, titular de la misma desde 1999 hasta la fecha; en el caso de la Sener se encuentran Benjamín Contreras Astiazarán –subsecretario de Electricidad–, Antonio García Luna –encargado del Órgano de Control Interno–, Aldo Flores –director de Asuntos Internacionales– y Alejandro Fleming Kauffman, jefe de Asuntos Jurídicos; además, Enrique Santacana, gerente regional de ABB México, y Armando Bassave, quien hasta hace unos meses fue gerente general de esta última firma en el país.

Sin embargo, aclaró que en las acusaciones que sigue el Departamento de Justicia de Estados Unidos hay otros funcionarios identificados como “C”, “G”, “J” y “N”, cuyos nombres no pueden por ahora darse a conocer.

“Pero los que sí están en la lista –precisó contundente– serán investigados porque en algún momento, durante el periodo de 1997 a 2004, cuando de acuerdo con el Departamento de Justicia se dieron los casos de corrupción, ellos debieron estar al tanto o por lo menos saber que se habían asignado contratos a la subsidiaria de la empresa sueca.”

El 23 de noviembre pasado el Departamento de Justicia hizo públicos los encausamientos judiciales H-09-629 y H-09-325 en contra del empresario estadunidense John Joseph O’Shea y el mexicano Fernando Maya Basurto, a quienes acusa de violar el Acta de Prácticas por Corrupción en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés, promulgada en 1977) al conseguir contratos por medio del cohecho con funcionarios de la CFE para beneficiar a la subsidiaria de ABB en Estados Unidos.

La indagatoria federal estadunidense, que inició el FBI en 2005 contra O’Shea y Maya Basurto, utilizó también información proporcionada por el gobierno federal mexicano acerca de los contratos que consiguió la subsidiaria de ABB.

El caso criminal está a cargo de la Corte Federal del Distrito Sur (Houston) del estado de Texas; pero el expediente excluye el nombre específico de casi todos los funcionarios presuntamente corruptos de la CFE, porque al Departamento de Justicia de Estados Unidos no le corresponde investigarlos ni procesarlos en las actuales circunstancias.

El gobierno de Felipe Calderón sabía de la existencia de la investigación que, desde 2005, desarrollaba el Departamento de Justicia. Aun así, permitió que la paraestatal suscribiera en 2009 otros tres nuevos y millonarios contratos con la empresa sueca, que hasta hace cinco años era representada por Maya Basurto, quien fungía como intermediario de O’Shea y como contacto directo ante la CFE.

Este es un extracto del reportaje que se publica en la edición 1732 de la revista Proceso que ya se encuentra circulando.