EXIGIMOS CESE CRIMINALIZACIÓN VS DEFENSORA BETTINA CRUZ
26/08/2014
En los próximos días, el Juzgado
Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, estará emitiendo la sentencia que
definirá el estatus legal de la defensora e integrante de la Asamblea de los
Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el
Territorio (APIITDTT), Lucila Bettina Cruz Velázquez, quien es procesada por
los delitos de privación ilegal de la libertad, y contra el consumo y
la riqueza nacional sustanciado en el expediente penal 144/2011.
Asimismo, reconocemos que el
proceso contra la defensora Lucila Bettina Cruz Velázquez fue activado por
la Procuraduría General de la República (PGR) como una estrategia de
intimidación, persecución y criminalización a su labor, y ha sido evidente que
dicho proceso judicial tuvo como único fin, limitar el hacer de la defensora y
servir como un mecanismo de criminalización de la protesta social.
Sabedoras y sabedores de que la
sentencia que estará emitiendo en los próximos días, definirá la situación
legal de la defensora, manifestamos nuestro interés de que la sentencia sea
emitida bajo un proceso justo, imparcial e independiente y que el aparato de
justicia no sea utilizado arbitraria e ilegítimamente como represalia o para
criminalizar la labor de la defensora. Asimismo, que dicha sentencia se rija
bajo los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Cabe recordar en marzo de 2013, el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la resolución 22/6 sobre la
Protección de las y los defensores de los derechos humanos en la que “Exhorta a
los Estados a velar por que los defensores de los derechos humanos puedan
desempeñar su importante función en el contexto de manifestaciones pacíficas,
de conformidad con legislación nacional acorde con la Carta de las Naciones
Unidas y el derecho internacional de los derechos humanos, y, en ese sentido, a
velar por que ninguno de ellos sea objeto de fuerza excesiva o indiscriminada,
detención o prisión arbitrarias, tortura u otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, desaparición forzada, abusos en los procedimientos
penales y civiles o amenazas de algunos de los actos mencionados”.
Ante ello, nos mantendremos
atentas/os de que la sentencia final se apegue a derecho y no obstaculice la
labor de las y los defensores de derechos Humanos en el Istmo de Tehuantepec.
De igual forma, nos unimos a la
comunidad nacional e internacional que exige el cese de la criminalización
contra las y los defensores de derechos humanos en México.
ANTECEDENTES
Desde 2007, la defensora ha
emprendido una larga lucha en defensa del territorio, luego de que las empresas
multinacionales como Mareña Renovables, Gas Natural Fenosa, Demex (Renovalia
Energy), Iberdrola, están estableciendo, desarrollando y operando centrales
eólicas en tierras de uso común en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México,
todo ello, sin la consulta previa, libre e informada a los ikjoots y binnizá,
pueblos originarios del lugar.
El 13 de abril de 2011, la Asamblea
de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el
Territorio (APIITDTT) realizó una manifestación pacífica frente a las oficinas
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicadas en el kilómetro 821 de
la Carretera Panamericana, colonia Felipe Pescador, en Juchitán de Zaragoza,
Oaxaca, México.
El 22 de febrero de 2012 -luego de la
manifestación- la defensora Lucila Bettina Cruz Velázquez fue detenida por
elementos de la Policía Federal Ministerial, con base en una orden de
aprehensión girada por un juez federal, por su presunta responsabilidad en la
comisión de los delitos contra el consumo y la riqueza nacional y privación
ilegal de la libertad. Fue recluida en el Reclusorio Regional de
Tehuantepec, Oaxaca, México.
El 24 de febrero de 2012 la defensora
fue puesta en libertad bajo fianza, desde ese entonces tiene que acudir a
firmar al Ministerio Público los días 15 de cada mes.
Desde febrero de 2012
Lucila Bettina Cruz Velázquez cuenta con medidas cautelares de la
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y desde noviembre de
2012 del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas del
Gobierno Federal, quienes han reconocido el nivel de riesgo en el desarrolla su
labor, a pesar de ello, la defensora continúa siendo agredida y en riesgo
permanente.
En estos días el Juez Anastacio Ochoa
Pacheco, perteneciente al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca,
ubicado en Salina Cruz, Oaxaca, México, emitirá la sentencia que definirá la
situación legal de la defensora.
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