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Comunidades de Chiapas se organizan ante persecución estatal
El reclamo por las altas tarifas de la energía eléctrica ha catalizado la organización
Por Fernando León
Especial para The Narco News Bulletin
3 de septiembre 2011
Durante los últimos meses distintas comunidades organizadas en el sur de México han sido perseguidos por el estado mexicano utilizando diversos motivos. Desde Campeche hasta Chiapas, un factor común de esta organización radica en la autonomía con la que diariamente le dan forma a sus distintas poblaciones. Sin embargo, a partir de ello estas comunidades se han enfrentado a una creciente criminalización por motivos como el reclamo al elevado costo de la energía eléctrica o de alimentos básicos como la tortilla.
Para la historia reciente de este país, 2006 ocupa un lugar clave. También lo ha sido para distintas comunidades de la zona costa de Chiapas. En septiembre de ese año, ante el llamado de La Otra Campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se forma el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas (CARZCH). Integrado por 22 comunidades de cuatro municipios chiapanecos, el Consejo o CARZCH aglutina las luchas de estas comunidades en contra de las altas tarifas a la energía eléctrica en su región.
El CARZCH surge entonces como un frente que además de luchar en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus altas tarifas, reivindica la “autonomía de las comunidades” en sus propias palabras. ¿A qué se refieren con autonomía?
Primeramente como un factor auto organizativo y de formación para generar “nuevas condiciones en las comunidades” e impulsar la autodeterminación de los pueblos.
La autodeterminación que estas comunidades buscan ya se ha cristalizado en distintos espacios. Previo a la formación del Consejo Autónomo, estas mismas comunidades había formado el Frente Cívico Tonalteco en 1994. De acuerdo a Nataniel Hernández Núñez, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa y miembro fundador del Consejo Autónomo, los habitantes de las comunidades que pertenecen al CARZCH no pagan luz desde 1994, luego del levantamiento armado del EZLN. No lo hacen porque la “reivindicamos como un derecho humano y no como una mercancía, como lo ha hecho o ha intentado hacer el sistema capitalista,” comenta Hernández, y ahora ya no necesitan a la CFE ya que “hemos construido alternativas ante eso, no necesitamos a la CFE o al gobierno para que arregle el problema de la luz.”
A pesar de que las comunidades se niegan a pagar la energía eléctrica, las recibos continúan llegando con altos costos, aún cuando el estado de Chiapas es uno de los principales productores de energía eléctrica del país. De acuerdo con Nataniel Hernández, esta acción ha sido utilizada por el gobierno del estado para:
1) Cortar la luz,
2) iniciar procesos penales en contra de los líderes de la organización,
3) Encarcelamiento
4) Amenazas a los integrantes de las comunidades de no ser beneficiadas con programas o apoyos gubernamentales,
5) Utilizar los programas sociales para coptar, amenazar o dividir la organización.”
A raíz del constante acoso del gobierno estatal de Juan Sabines del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en 2009 las comunidades de la zona costa de Chiapas impulsan la creación de un centro de derechos humanos para “acompañar los procesos y organizaciones, brindar asesoría jurídica, formar y capacitar promotores comunitarios y denunciar y canalizar las demandas sociales”, de acuerdo con su director Nataniel Hernández.
La labor que el centro tiene desde su fundación lo ha llevado a “abrir los canales de intermediación para que se de atención y respuesta” por parte del gobierno estatal. Sin embargo, esta labor se ha visto entorpecida por la persecución a los integrantes del centro y de las comunidades mismas. De acuerdo con Hernández, la lucha en contra de las altas tarifas ha sido utilizada por el gobierno, tanto estatal como federal, para darle fin a estos “proyectos autónomos.”
Teniendo esto como marco, el pasado 22 de febrero de 2011, el CARZCH acudió a un llamado de apoyo a los presos de la comunidad de Bachajón, que habían sido detenidos luego de “exigir que se respeten sus derechos históricos y colectivos como pueblos indígenas.”
Dentro de las acciones de apoyo del CARZCH se realizó un bloqueo por seis horas de la carretera entre Tonalá y Pijijiapan. Luego del corte y de haberse instalado mesas de diálogo entre las organizaciones y representantes del gobierno, se comenzó a producir un cerco de aproximadamente 600 policías federales, estatales y municipales a un número simular de manifestantes.
La situación derivó en la detención de 35 personas, entre integrantes del CARZCH y del CDH Digna Ochoa. De acuerdo Nataniel Hernández, director y abogado del centro y detenido entonces, “mis compañeros y yo, sin saber la acusación, fuimos golpeados e incomunicados.” Comenta que luego de recibir violencia psicológica 19 de ellos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Regional del Istmo en la ciudad de Tonalá, Chiapas, y el resto liberado. Tres de los miembros del CARZCH fueron trasladados al Centro de Readapatación Social (CERESO) de máxima seguridad de El Amate en Cintalapa, Chiapas.
Posteriormente, el 2 de marzo, debido a la creciente presión social fueron liberados “bajo reservas de ley.” Sin embargo, la persecución a los miembros del CARZCH no terminó ahí. El 15 de marzo del mismo año, Nataniel Hernández, fue detenido en la ciudad de Tapachula por miembros de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) siendo acusado de “delito de ataque a las vías de comunicación dentro del expediente penal 33/2011” y saliendo en libertad bajo fianza luego de pagar la cantidad de 11 mil pesos.
Actualmente ocho integrantes del centro, incluyendo a su director, y del CARZCH mantienen averiguaciones previas del gobierno estatal y federal por distintos delitos. De acuerdo con Nataniel Hernández, entrevistado por Narco News a fines de agosto de este año, “la consigna del gobierno de Chiapas es verme en la cárcel por un tiempo para quitarse esa piedrita del zapato.” Sin embargo, debido a acusaciones que califica de “absurdas” Hernández decidió dejar de acudir a firmar cada martes al juzgado y de tratar de probar su “inocencia” por lo que para el gobierno se encuentra “prófugo.”
Sin embargo, para Hernández a pesar de encontrarse a la distancia “en un lugar seguro”, la labor del CDH Digna Ochoa y la lucha del CARZCH continuarán. Y es que la inicial lucha en contra de las altas tarifas de la energía eléctrica llevaron a la formación de un gran frente nacional que se consolidó con La Otra Campaña en 2006 y que continúa creciendo en la actualidad, la Red Nacional contra las altas tarifas de Luz, la cual abarca los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Veracruz, Campeche, Chihuahua, Distrito Federal y el Estado de México, con la intención de hacer una “articulación nacional de las luchas.”
Actualmente el CARZCH y otras organizaciones están apunto de lanzar una “campaña nacional e internacional contra el hostigamiento judicial y la criminalización a defensores de derechos humanos y luchadores sociales en México.” A partir de ella, en palabras de Nataniel Hernández, buscan “exigir al Estado Mexicano/Gobierno de Chiapas que ponga fin a todo estos actos de hostigamiento judicial, criminalización, persecución política en contra de los integrantes del Consejo y del [CDH] Digna Ochoa y de la cancelación de todos los procesos penales que tenemos que son un chingo.”
La campaña próxima a iniciar también busca “visibilidad la situación particular de la costa de Chiapas y de la organización y su lucha”, y finalmente “generar articulación con otros y otras en todo el país, buscar solidaridad y apoyo, para ir construyendo una red más grande que permita reaccionar ante situaciones de este tipo.”
