Lic. Arturo Chávez Chávez Procurador General de la República | Lic. Fernando Francisco Gomez-Mont Urueta Secretario de Gobernación |
Lic. Francisco Javier Molina Ruíz Subprocurador de Control Regional, procesos penales y Amparo PGR | Lic. Gerónimo Gutiérrez Fernández Subsecretario de Gobierno SEGOB |
Presente.
El 25 de septiembre de 2008 se presentó una denuncia y se integró una Averiguación Previa ante el Ministerio Público de la Federación con sede en la ciudad de Escárcega, Campeche por la presunta comisión de diversos ilícitos en contra del personal y de la propia Comisión Federal de Electricidad, tras varios meses de integrarse la averiguación previa PGR/CAMP/ESC-I/103/2008 se determinó consignarla al Juez Segundo de Distrito con sede en la ciudad de Campeche.
Durante todos los meses en que se integró la averiguación previa en comento, y aún después de su consignación, la defensa de las personas señaladas como probables responsables presentaron pruebas y testimonios para acreditar la inocencia todos ellos y para demostrar jurídicamente las irregularidades y violaciones procesales en que había incurrido el Ministerio Público de la Federación durante la integración de dicha investigación.
Las irregularidades procesales y violaciones cometidas durante este proceso, así como los razonamientos jurídicos deficientes y parciales vertidos en al correspondiente Auto de Formal Prisión dictado por el Juez Segundo de Distrito el 16 de julio de 2009, tras haber aprehendido y presentado a Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez, Elmer Castellanos Velázquez, Guadalupe Lizcano Gómez y Guadalupe Borjas Contreras, fueron denunciados ante diversas instancias nacionales e internacionales de Derechos Humanos, entre ellas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quien abrió una queja en la Programa de Agravios contra Periodistas y Defensores Civiles, y Amnistía Internacional con sede en Lóndres quienes realizarán en los próximos días una visita in situ a Campeche para entrevistarse con Sara, Joaquín y Guadalupe y documentar las violaciones a los derechos humanos que han sufrido tanto en la integración de la averiguación previa como en su detención y posterior encarcelamiento.
El pasado 8 de enero fue notificada a la defensa de Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez y Guadalupe Borjas Contreras, la resolución de Amparo adoptada por el Magistrado Unitario con sede en Mérida el Lic. Pablo Vicente Monroy Gómez derivada del Amparo Penal 41/2009 radicado en dicha instancia judicial, contra la Apelación deficiente que ratificaba el auto de formal prisión dictado el 16 de julio de 2009, en esta resolución el Magistrado de Mérida resolvió que “de los elementos probatorios ofrecidos por la representación social y que fueron considerados por el Juez de la Causa no se logran acreditar ninguno de los delitos por los cuales se ha dictado el auto de formal prisión recurrido” y en su Considerando Quinto señala que en atención a lo anterior el Magistrado Unitario con sede en Campeche que conoció la Apelación contra el Auto de Formal Prisión se sirva a “reclasificar el delito de ser posible y si no lo fuera porque los hechos no pueden ser modificados se sirva a ordenar que se dicte el auto de libertad correspondiente”.
Ante esta resolución que reconoce la inexistencia de los delitos que se les imputan a López González, Aguilar Méndez y Borjas Contreras, el Ministerio Público de la Federación podría en términos de la Ley de Amparo presentar un recurso de revisión para que esta resolución favorables fuera observada por un Tribunal Colegiado, alargando con ello el periodo de prisión preventiva de los activistas y defensores de derechos humanos y demostrando con ello que existe alguna otra motivación en la toma de sus decisiones y de sus acciones que no son precisamente el velar por el interés de la sociedad, pues ninguna de las tres personas han atentado o vulnerado ninguna ley o norma jurídica tal y como lo reconoció el Magistrado Unitario de Mérida.
Es por ello que a través de esta misiva, nos permitimos solicitarle que considere la posibilidad de que el Ministerio Público de la Federación no interponga ningún recurso de revisión contra la resolución del Magistrado Unitario con sede en Mérida de fecha 11 de enero de 2010, que se declare conforme con dicha resolución y con ello, permita que el Magistrado Unitario de Campeche dé cumplimiento al Amparo y ordene la inmediata liberación de los 3 activistas privados de su libertad.
Estaremos atentos al igual que las organizaciones de derechos humanos internacionales de la decisión que adopte el Ministerio Público de la Federación en los próximos días y lo haremos del conocimiento de la comunidad internacional.
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