Reforma energética y derechos de los
indígenas
Francisco López Bárcenas
Aunque no se les nombra, las iniciativas
de reforma constitucional en materia de extracción del
petróleo y generación de energía eléctrica presentadas por el Presidente de la República
y diversos partidos políticos, afectan los derechos de los pueblos indígenas,
de tal manera que resulta irresponsable y peligroso no señalarlas y advertir de
las reacciones que pueden generar entre los afectados si se concretan tal como
han sido propuestas. Como sucedió en la reforma de 1992 al artículo 27
constitucional, ahora también se les ignora, tal vez pensando que nada tienen
que decir sobre una medida de vital importancia para el futuro del país y los
mexicanos, entre quienes se cuentan los pueblos indígenas. Pero sí tienen que
decir y mucho, en primer lugar porque el petróleo es propiedad de todos los
mexicanos y la generación de energía eléctrica es responsabilidad Estado; en
segundo, porque tienen reconocidos derechos específicos que el Estado está
obligado a respetar.
Un primer derecho que
ni el Presidente ni los partidos han respetado al presentar dichas iniciativas
es el derecho de los pueblos a seguir existiendo como tales y a diseñar su futuro. Se dirá que
no afectan este derecho, pero no es así, pues al menos en los casos donde el
petróleo que se vaya a extraer o donde se pretenda generar electricidad se
ubiquen en territorios indígenas, seguramente afectaran el ambiente, como ya
sucede en los casos donde Pemex realiza alguna actividad, lo mismo que los
generadores de energía eólica, que han provocado enfermedades, impiden a los
habitantes cultivar la tierra para obtener sus alimentos, contaminan el agua
que consumen ellos y sus animales, así como sus cultivos, además de que destruyen
sus lugares sagrados; la jurisprudencia internacional considera que atentan
contra la existencia de los pueblos indígenas.
Para evitar este tipo
de problemas, el artículo 13 del Convenio 169 de la OIT impone a los estados la
obligación de respetar la importancia especial que paralas culturas y valores
espirituales de los pueblos nativos reviste su relación con las tierras o
territorios, que ocupan o utilizan de alguna manera, particularmente los
aspectos colectivos de esa relación. La misma disposición determina que el uso
del término ‘tierras’ incluye el concepto de territorios, lo que cubre la
totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o
utilizan de alguna otra manera. Parece que ni el gobierno federal ni los
partidos tienen interés alguno en respetar esta disposición, pues nada de eso
se dice en sus iniciativas.
Tampoco se
puede ignorar que el artículo 2° de la Constitución expresa que los comunidades
indígenas tienen derecho a acceder al uso y disfrute preferente de los recursos
naturales de los lugares que habitan, salvo aquellos que corresponden a las
áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Hasta ahora ese derecho
no ha operado, porque tanto la extracción de petróleo como la generación de
energía eléctrica son consideradas áreas estratégicas, pero como las
iniciativas de reforma presentadas por el Presidente y el Partido Acción
Nacional proponen que dejen de serlo, los pueblos tendrán derecho al acceso
preferente al petróleo y la generación de energía eléctrica y, por tanto, las
iniciativas deberían expresar la manera en que podrían hacerlo.
Sólo que las comunidades renunciaran a
su derecho, el gobierno podría otorgar concesiones o permisos a cualquier
particular, pero antes tendría que consultar a los pueblos interesados mediante
procedimientos apropiados, en particular por medio de sus instituciones
representativas. Según dispone el mismo Convenio 169, las consultas deberán
efectuarse de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias, con la
finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las
medidas propuestas. Esa es la norma general, pero existe otra particular, la
cual expresa que cuando los recursos pertenezcan al Estado, los gobiernos
deberán establecer procedimientos con miras a consultar a los pueblos
interesados, a fin de determinar si esos intereses serían perjudicados y en qué
medida, y las prevenciones para evitarlo o reparar los daños.
Como puede verse, en la reforma
energética los pueblos indígenas tienen más que decir de lo que se cree, porque
en el fondo se pretende seguir despojándolos, lo mismo que al país, como
actualmente sucede con sus territorios y algunos recursos naturales: la tierra,
el agua, las minas, los bosques vía explotación y servicios ambientales, entre
otros proyectos. Por eso es importante que se manifiesten y exijan se les
consulte antes de discutir y aprobar o desechar las propuestas de reforma
energética. Sería bueno también que los políticos no olvidaran a los pueblos a
la hora de tomar sus decisiones, pues si no lo hacen podrían generar más
problemas de los que, por razones similares, ya se viven actualmente entre el
Estado y los pueblos indígenas.
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