Chomsky, Galeano, Sicilia y más
intelectuales exigen a Graco (Morelos) y Moreno (Puebla) alto al acoso de
activistas Por: Redacción / Sinembargo - abril 25 de 2014 - 11:00 Causas, De
revista, México, TIEMPO REAL, Último minuto - 4 comentarios Chomsky fue
condecorado doctor honoris causa por la UNAM en septiembre de 2010. Foto:
Cuartoscuro Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).– Intelectuales
mexicanos y extranjeros condenaron en una misiva las “acciones violentas”
cometidas por los gobiernos de Rafael Moreno Valle Rosas, en Puebla, y de Graco
Ramírez Garrido Abreú, en Morelos, contra opositores al Proyecto Integral
Morelos (PIM), y exigieron la liberación y el cese de las amenazas e
intimidaciones en contra de activistas. A través de una carta dirigida a los
mandatarios, el lingüista Noam Chomsky, el escritor Eduardo Galeano, el
sociólogo Armando Bartra, el biólogo Víctor Manuel Toledo, el poeta Javier
Sicilia, entre otros, exigieron “el cese de la represión y proyectos de
muerte” en estos estados, y advirtieron que estas “aberraciones y graves
violaciones a derechos humanos se convertirán en norma de vida cotidiana”, de
no cambiar el panorama. Los firmantes denunciaron que los gobiernos de Moreno
Valle y Graco Ramírez “desataron una espiral de violencia que incluye una serie
de hostigamientos, amenazas, aprehensiones arbitrarias de luchadores sociales y
dirigentes de movimientos campesinos opuestos al Proyecto Integral Morelos y al
Libramiento Poniente”. El Proyecto Integral Morelos incluye dos
termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto que de acuerdo con los opositores
afectaría tierras de cultivo y fuentes de agua de las que dependen cientos de
comunidades de Puebla, Tlaxcala y Morelos. Asimismo han denunciado el alto
nivel de riesgo del gasoducto, como la han informado especialistas. En la
carta, los intelectuales dijeron que el arresto de ocho personas, de las cuales
tres aun permanecen detenidas, ”se realizó haciendo uso excesivo de la
violencia y sin presentación de órdenes de aprehensión. En Puebla fueron
civiles los que hicieron las retenciones y en el caso de Morelos se utilizaron
gases lacrimógenos y hubo disparos”. Por ello exigieron la inmediata liberación
de Juan Carlos Flores Solís, representante del Frente de Pueblos en
Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala; de Enedina
Rosas Vélez, Comisariada Ejidal del San Felipe Xonacayucan; y de Abraham
Cordero Calderón, integrante del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños
Propietarios del Valle de Texmelucan y la Sierra Nevada. Asimismo pidieron el
cese de las intimidaciones en contra de Avelino Velázquez Tapia, Comisario de
Bienes Comunales de San Juan Amecac quien tiene orden de aprehensión y a
Ricardo Pérez Avilés, profesor investigador del departamento Universitario de
Desarrollo Sustentable del Instituto de Ciencias de la Universidad de Puebla
cuya familia fue amenazada por un grupo de gente armada en su domicilio.
También pidieron acabar con las amenazas al estudiante de sociología y
asistente del doctor Pérez Avilés, Alberto Melchor Montero, y al abogado Raúl
Rodríguez, defensor de Abraham Cordero Calderón. Los intelectuales y escritores
dijeron que con esta represión, “los gobiernos intentan producir, a través del
terrorismo de Estado, una parálisis de la resistencia social”. “Lo que hoy
estamos viviendo como aberraciones y graves violaciones a derechos humanos se
convertirán en norma de vida cotidiana, aplastando cualquier proyecto
democrático auténtico, si hoy no reforzamos nuestras luchas y nuestra
solidaridad para la construcción de caminos de resistencia contra esta
embestida reaccionaria”, dice el documento. Denunciaron “el autoritarismo y la
imposición por parte del gobierno de Puebla, de ‘proyectos de muerte’ que se
pretende instalar en comunidades campesinas indígenas de la Sierra Norte”, que
comprende 87 concesiones mineras, más de 10 proyectos hidroeléctricos, la
extracción de gas y petróleo con fractura hidráulica. “Con todo ello ignoran la
rotunda negativa de miles de campesinos y campesinas a dejar de trabajar y
cuidar los bienes comunes que no son mercancías: la tierra, el agua. Esos
‘proyectos de muerte’ ponen en riesgo de ser desplazados y despojados de su
principal sustento a esos campesinos y campesinas. Ante esta situación, el
gobierno estatal actúa como promotor de dichos proyectos, favoreciendo los
intereses económicos de grandes empresas nacionales y transnacionales, a las
cuales poco o nada les importan las devastadoras consecuencias sociales y
ambientales que provocarían”, denunciaron. Los denunciantes afirmaron en la
misiva que estos hechos “no son anomalías o manifestaciones aisladas, sino
evidencias de una acción concertada de violencia y represión a cualquier forma
de oposición a las políticas económicas neoliberales promovidas por el Estado”.
Al respecto, el día de ayer Luis Maldonado Venegas, Secretario de
gobierno de Puebla, dijo ayer en entrevista para la primera emisión
de MVS Noticias que los tres activistas detenidos cometieron actos
ilícitos porque “en el estado no puede haber impunidad”. Afirmó que los
ilícitos que se les imputan son por robo. Maldonado Venegas aseguró que el
gobierno de Moreno Valle ha dado amplías garantías para que ciudadanos se
manifiestan pero no en un marco de impunidad. En ese mismo espacio, Roxana
Luna, integrante del movimiento nacional Los de Abajo en
Puebla, lamentó la falta de diálogo del gobierno y rechazó los delitos que
les imputan a los activistas. Mencionó que a uno lo acusaron del robo de
un celular, y a otro porque “es un peligro para la sociedad”. Horas después, se
informó que varias organizaciones presentaron una queja a la Comisión Nacional
de Derechos Humanos por la violación de los derechos de los pueblos que se
genera por el intento de construcción del gasoducto parte del Proyecto Integral
Morelos en los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos. Se informó que se
realizará una conferencia de prensa el próximo lunes para dar a conocer los principales
puntos de la queja interpuesta ante la CNDH, los riesgos ambientales y sociales
si se realiza la construcción del gasoducto; los derechos humanos vulnerados de
los pueblos de la región y las peticiones de las organizaciones y comunidades.
PT EN EL SENADO EXIGE LIBERAR A ACTIVISTAS El día de ayer, el Senador del
Partido del Trabajo (PT), Manuel Bartlett Díaz, presentó un punto de
acuerdo en el que solicita que al Senado de la República exigir al
gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, la liberación de los opositores al
Plan Integral Morelos. El legislador solicitó que cese la “persecución, el
autoritarismo y la violación a los derechos humanos y políticos de los
pobladores y dirigentes de organizaciones sociales”. Asimismo, requierió a la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizar una investigación exhaustiva
para emitir una recomendación al gobierno del estado de Puebla por “la
persecución, detenciones y órdenes de aprehensión ilegales en contra de los
legítimos opositores de dicho proyecto”. Se requiere, dijo, la comparecencia
ante Comisiones del Senado de los titulares de la Comisión Federal de
Electricidad y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para
que presenten un informe público sobre los efectos sociales, económicos y
ambientales del citado Proyecto Integral Morelos, CCC Centro y Gasoducto
Tlaxcala-Puebla-Morelos. Explicó que derivado de la oposición a este proyecto,
el 6 de abril, el gobernador Moreno Valle, detuvo a Enedina Rosas Vélez de 60
años, Comisariada Ejidal de San Felipe Xonacayucan del Municipio de Atlixco,
acusada del robo de dos celulares y su oposición al Gasoducto. Dijo que a las
puertas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Puebla, el 7 de abril
fue detenido Juan Carlos Flores Solís, vocero del Frente de Pueblos en Defensa
del Agua y de la Tierra, a quien se le acusa de despojo, extorsión y motín,
delitos considerados graves que no le permiten derecho a fianza. En tanto que
el Juez de Paz de San Martín Texmelucan, Abraham Cordero Calderón, integrante
del Frente Campesino y del Movimiento “Los de Abajo”, el 8 de abril condenó las
detenciones de los dos Dirigentes y proponía al Gobierno Estatal el diálogo, no
obstante, señaló, tres horas después fue detenido acusado por amenazas y
delitos en contra de servidores públicos. El legislador petista expuso otros
casos e indicó que en ninguno de los tres Estados se consultó a los habitantes
de las comunidades, ni se notificó a los propietarios de los terrenos que serán
afectados por la construcción de la obra que se inició en mayo de 2011. Aseveró
que ni las empresas extranjeras que operan el proyecto, ni la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) comunicaron a la población en general los detalles del
proyecto, del mismo modo que omitieron informar a los organismos estatales o
municipales de protección civil, los riesgos que la construcción de esta obra
implica. Así como de los peligros asociados a la operación de una instalación
estratégica que transportará 9 mil 61 millones de litros de gas metano diariamente
a menos de 2 metros de profundidad. Informó que el Centro Nacional para la
Prevención de Desastres (Cenapred), consideró que el Proyecto era inviable en
esta zona, justamente porque pasa por las zonas de significativo riesgo
eruptivo, considerando inviable la construcción del gasoducto. Sostuvo que las
válvulas de seccionamiento deben situarse a 4 kilómetros una de otra. Sin
embargo, en realidad el trazo del gasoducto se encuentra a 50 y 200 metros de
los centros de población. La proposición fue turnada a la Comisión de
Energía, debido a que el Pleno no lo consideró de urgente resolución.
Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/25-04-2014/973048. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. SINEMBARGO.MX
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