Carta de Juan Carlos Flores
Solís, preso político en el penal de Cholula, Puebla, miembro del Frente de
Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala
1994- 2014, “20 años pasaron para regresar al
despojo y la represión”
Quien
que tenga más de 20 años recuerda 1994: la entrada en vigor del Tratado de
Libre Comercio, el levantamiento zapatista, el asesinato de Colosio y el error
de diciembre.
Pero aquí en Puebla también tenemos nuestra propia
historia, que marcó a la región de cholulteca: la imposición de 10 pozos de
agua provenientes de Santa María Acuexcomac y San Buenaventura Nealtican y el
despertar del volcán Popocatépetl.
El Gobierno entonces argumentó que la ciudad estaba
en crecimiento y que necesitaba agua para la población, pero primero llegó a
los pueblos con engaños ofreció dinero para comprar pequeños “cuadros
de terreno” donde
sabían podrían extraer día y noche agua. Posteriormente Nealtican y Acuexcomac
se enteraron que esos “cuadros de terreno” eran para llevarse el
agua a la ciudad de Puebla.
Los pueblos comenzaron a protestar y organizarse
para evitar ser despojados de sus recursos naturales. El gobierno argumentó que
el agua es de todos y que todos la necesitamos. Pero también todos necesitamos
comer y no por eso nos metemos a la tierra del vecino o a la tienda a robar la
comida. Porque primero hay que pedir permiso, así al pueblo también.
Todos necesitamos agua, pero sí la tiene el vecino
hay que pedírsela, asegurarle que a él no le vaya a faltar, darle a cambio “algo” por el agua que nos
proporciona.
Y ese “algo” que dio el Gobierno fue
represión, ¿quieres dialogar? aquí tienes más granaderos para “dialogar”, “¿quieres
negociar? te devuelvo a la gente que aprendí en tu manifestación que
buscaba el diálogo y a cambio me das el agua”. ¿Acaso eso no
puede llamarse extorsión, despojo? Delitos que por cierto hoy utilizan para
inculparme. Nealtican y Acuexcomac tuvieron que ceder su agua a cambio de la
libertad de sus vecinos y a cambio de un papel que hasta hoy el Gobierno no ha
cumplido. En la minuta de acuerdo firmada en ese entonces por Mario Marín, “el
estado” se comprometió a
construir diversas escuelas y obras que nunca construyó, a garantizar que el
agua no le faltara a estas comunidades y lo más importante: “que si
el nivel de los pozos comenzaba a bajar, suspendían la extracción del agua”. Este fue el acuerdo firmado
por el Gobierno y la población, un acuerdo aunque con sus deficiencias, público
y legal. Un acuerdo que fue firmado por el pueblo por medio de presión ante el
abuso de autoridad.
18
años después el ahuehuete de Acuexcomac se secó, el ameyal que lo alimentaba al
centro del pueblo y que atraía el turismo, ha desaparecido y se ha convertido
en un basurero. Esos 800 años del Ahuehuete ya no se podrán recuperar, el daño
a la economía del pueblo por la derrama que obtenía del turismo, decenas e
incluso centenas de personas que se beneficiaron del ameyal ubicado al centro
de la población.
18
años después, el pueblo de Acuexcomac se quedó sin agua siquiera para lavar
trastes, asearse y mucho menos alimentar sus animales. Y así cansados de
recibir evasivas del Gobierno, decidieron hacer cumplir el Convenio de
1994 por cuenta propia
y cerrar los pozos. ¿El resultado?
No
fue gran cosa en beneficio del pueblo, no lo que se merecía, no el cumplimiento
del convenio, pero al menos, les regresaron su agua potable.
Dos años después utilizan esa acción para
inculparme, señalándome directamente gente de gobernación y del SOAPAP, cuando
ni yo, ni el Frente de Pueblos participamos en esa protesta legítima del pueblo
de Acuexcomac.
20
años han pasado y hoy somos tres presos políticos encarcelados por el gobierno
de Moreno Valle por defender la tierra y el agua; y más de una docena de
perseguidos.
20
años han pasado y en lugar de respetar los convenios con Acuexcomac y
Nealtican, hoy concesionan esa agua a empresas privadas como “Aguas de Barcelona” y aprueban al SOAPAP que
incremente la tarifa de agua cada mes y si la persona no puede pagar, entonces
será embargada por la empresa.
¿A
eso le llaman beneficio público?
20
años han pasado y Moreno Valle impone la ley despojo de expropiación, sin
derecho a audiencia, para que el gobierno pueda hacer uso por hecho de la
fuerza pública, de las tierras del campesino y el pobre, para cumplir sus
compromisos económicos con empresas trasnacionales.
20
años después a Acuexcomac y Nealtican, les quieren construir un gaseoducto que
pone en riesgo a las comunidades del volcán Popocatépetl. Y aunque los pueblos
hemos denunciado la ilegalidad de la obra en materia técnica, de protección
civil y en la licitación económica. Para los pueblos no existe justicia. Pues
mientras Elecnor y CFE defraudaron al Estado Mexicano en un proceso de
licitación en 70 millones de dólares. A la comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan
la encierran por oposición al gaseoducto y el robo de dos celulares. Pero a Elecnor, Enagas,
Bonatti y CFE se les sigue permitiendo construir su proyecto de muerte.
Compañeras
y compañeros la injusticia no debe ser costumbre ni sumisión, sino al contrario
debemos responder con imaginación unidad, fuerza y valor.
Aquí
en el CERESO de Cholula, “en la reja de estancia” más de la mitad de los que
aquí estamos somos acusados por delitos que no fueron cometidos, por
simplemente caminar por la calle o por declarar cosas que comprometen a
funcionarios públicos.
La
cárcel es también un negocio para el gobierno y por eso los invito y saludo a
continuar con la lucha contra el mal gobierno y por la recuperación de nuestros
derechos.
“no existe la
libertad, sino la búsqueda de la libertad, y esa búsqueda en la que nos hace
libres”
¡Gracias!
Juan Carlos Flores Solís.
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