martes, 6 de mayo de 2014

UNA RADIOGRAFÍA SENCILLA DE LA COMPOSICIÓN DE LOS USUARIOS DE LA CFE HASTA AHORA

Los grandes consumidores podrán comprar energía privada
La CFE dejará de captar al año $185 mil millones con la liberalización del sector
Israel Rodríguez

Periódico La Jornada
Martes 6 de mayo de 2014, p. 23
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejará de percibir al menos 185 mil millones de pesos anuales, en caso de prosperar la iniciativa que liberaliza al sector con la ley de la industria eléctrica, presentada por el Ejecutivo federal la semana pasada.
Las leyes secundarias en materia eléctrica definen que la CFE dejará en libertad a los grandes consumidores para que puedan contratar la compra de energía con proveedores privados.
En la actualidad 60 por ciento de los ingresos de la CFE provienen de los grandes consumidores, que representan 0.76 por ciento de los usuarios.
La fuente de ingresos más importante de la compañía es la que proviene de la venta de la energía eléctrica que genera y distribuye, que al 31 de diciembre de 2013 ascendió a un total de 318 mil millones de pesos, de los cuales poco más de 58 por ciento provinieron del sector de grandes consumidores o industriales.
Aún cuando el sector residencial representa 88 por ciento del total de usuarios, la distribución de los ingresos de la CFE tiene una composición diferente: la encabeza el sector industrial, que representa 58.45 por ciento del total de los ingresos, le sigue el sector residencial, con 25.4 por ciento.
De acuerdo con su consumo, la iniciativa de leyes secundarias prevé la clasificación de los usuarios en calificados y de suministro básico. Los primeros podrán participar directamente en un mercado mayorista de energía eléctrica, mientras los usuarios de suministro básico serán atendidos por la CFE, que deberá adquirir la energía a través de subastas para garantizar a los compradores los menores costos.
El proyecto de ley define que la CFE suministrará el servicio a los consumidores residenciales y a los pequeños y medianos usuarios de tipo comercial e industrial. Proveerá el suministro básico con tarifas reguladas.
En tanto, los grandes usuarios o consumidores podrán comprar su energía a quienes suministren servicios calificados o directamente en el mercado eléctrico mayorista. Quienes ofrezcan servicios calificados podrán definir precios y servicios innovadores, y competir por clientes. Otros comercializadores pueden comprar y vender energía en el mercado eléctrico mayorista, se indica.
La iniciativa plantea que las actividades de la industria eléctrica como la generación, transmisión, distribución, comercialización y suministro deben realizarse bajo estricta separación legal para fomentar el acceso abierto y el funcionamiento eficiente del sector.
El sistema de distribución es expansivo y capaz de proveer electricidad a casi toda la población del país. La CFE calcula que 98.2 por ciento de la población tiene acceso a energía eléctrica, un porcentaje mucho más alto que otros países de Latinoamérica.
El mayor acceso a la energía eléctrica fue impulsado por el Programa de Electrificación Rural, que se definió en 1952 como parte de una iniciativa del gobierno para elevar el nivel de vida en México. Aún cuando el servicio de energía eléctrica llega a 98.2 por ciento de la población, quedan por electrificar 70 mil localidades .
La iniciativa de la Ley de la Industria Eléctrica propone crear un Fondo de Servicio Universal Eléctrico.

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domingo, 4 de mayo de 2014

EL MARC-CHIHUAHUA inicia la Campaña Nacional de Desobediencia Civil contra la Reforma Energética-

El pasado primero de mayo el Movimiento Amplio de Resistencia Civil, MARC, inició la Campaña Nacional de Desobediencia Civil contra la Reforma Energética, con una Asamblea General en la que se examinó el contenido de dicha Reforma.
Se analizaron también sus efectos, las consecuencias que trae para los mexicanos así como las acciones pacíficas para manifestar el rechazo por su aprobación y la aplicación de la misma.
Igualmente se trató sobre la represión hacia los Compañeros Juan Carlos Flores y Enedina Rosas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Tlaxcala y Morelos, encarcelados por oponerse al despojo de sus pueblos y comunidades. El MARC CHIHUAHUA expresa su solidaridad y manifiesta su exigencia de liberación.





viernes, 2 de mayo de 2014

A
ASAMBLEA NACIONAL DE USUARIOS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS
RED NACIONAL DE RESISTENCIA CIVIL.



BOLETÍN  DE PRENSA

2 de Mayo 2014

1.- LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA NACIONAL DE DESOBEDIENCIA CIVIL “NO AL PAGO DE LA LUZ HASTA ECHAR A BAJO LA REFORMA ENERGETICA”

2.- LIBERACION INMEDIATA DE LOS PRESOS POLITICOS DEL FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL AGUA DE PUEBLA/MORELOS/TLAXCALA.


El 12 de Septiembre del 2013, la Red Nacional de Resistencia Civil, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía eléctrica y el Sindicato Mexicano de Electricistas, presentamos ante el Congreso de la Unión nuestra propuesta ciudadana de reforma al artículo 4to constitucional para el reconocimiento del acceso a la energía eléctrica como un derecho humano así como otras propuestas legales en torno a la renacionalización de la energía eléctrica, la tasa cero al IVA en el cobro de la energía eléctrica y por una tarifa social justa.

La respuesta del Estado a esta propuesta ciudadana acompañada de cientos de miles de firmas fue, exactamente dos meses después, la aprobación de la reforma energética que va en sentido totalmente contrario: en vez de reconocer la energía eléctrica como un derecho humano, la convierten constitucionalmente en un negocio de las grandes empresas trasnacionales.

Frente a esta imposición garantizada por el resguardo policiaco-militar de las instalaciones del Congreso y considerando:
1.- Que han destruido el pacto social de nuestra constitución
2.- Que la reforma energética entrega nuestros recursos naturales a los extranjeros
3.- Que el territorio mexicano está en disputa entre los intereses de las empresas extranjeras y los derechos de los pueblos
4.- Que la reforma energética desmantela los derechos laborales de los trabajadores electricistas y petroleros
5.- Que las “nuevas” comisiones encargadas de los energéticos en el país están diseñadas para la entrega de los recursos energéticos
6.- Que las reformas estructurales son la desarticulación de la Nación planeada desde el consenso de Washington e iniciada con el tratado de Libre comercio de América del Norte.
7.- Que millones de usuarios de luz en el país somos víctimas de altos cobros de luz y con la reforma energética, el incremento de cobros será mayor y agravado por el sistema de pre-pago, violatorio al derecho humano a la energía eléctrica que debe ser reconocido por el estado mexicano.
8.- Que los mexicanos somos dueños de los energéticos y por tanto de la energía eléctrica y que cualquier decreto que traicione el sentido original de la Constitución, activa el derecho del mexicano a defender su soberanía y a rebelarse o desobedecer civilmente.

Decidimos promover una CAMPAÑA NACIONAL DE DESOBEDIENCIA CIVIL “NO AL PAGO DE LUZ” HASTA ECHAR ABAJO LA REFORMA ENERGETICA, como estrategia de acumulación de fuerzas hacia la conformación de un gran movimiento nacional de usuarios de la energía eléctrica.

Invitamos a todas las personas y a todas las organizaciones a NO PAGAR LA LUZ y a NO DEJAR INSTALAR LOS MEDIDORES DIGITALES, hasta lograr:

-          La abrogación de las reformas constitucionales en materia energética y la renacionalización en materia eléctrica, petrolera, de gas y minería.
-          El reconocimiento del acceso a la energía eléctrica como un derecho humano
-          El establecimiento de un sistema de tarifa social justa y el borrón y cuenta nueva
-          La aplicación de la tasa cero de IVA en los cobros de luz
-          La solución al conflicto del SME
-          El fin de los despojos territoriales por megaproyectos impuestos
-          El cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés
-          El fin de la criminalización de la lucha social

ADEMAS, EXIGIMOS LA LIBERACION INMEDIATA DE NUESTRO COMPAÑERO JUAN CARLOS FLORES SOLIS Y DE NUESTRA COMPAÑERA DOÑA ENEDINA ROSAS DEL FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA Y DEL AGUA DE PUEBLA-MORELOS-TLAXCALA, INTEGRADO A LA RED NACIONAL DE RESISTENCIA CIVIL ASÍ COMO DEL COMPAÑERO ABRAHAM CORDERO CALDERON DEL FRENTE DE CAMPESINOS Y PEQUEÑOS PROPIETARIOS DE TEXMELUCAN Y LA SIERRA NEVADA,  A QUIENES INVENTARON DELITOS PARA INTENTAR DEBILITAR EL MOVIMIENTO DE RESISTENCIA CONTRA EL PROYECTO INTEGRAL MORELOS Y QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE PRESOS.

¡No al pago de luz!
¡No a la reforma energética!
¡Presos políticos, libertad!



ASAMBLEA NACIONAL DE USUARIOS DE ENERGIA ELECTRICA
RED NACIONAL DE RESISTENCIA CIVIL EN CONTRA DE LAS ALTAS TARIFAS DE ELECTRICIDAD
SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS


jueves, 1 de mayo de 2014

Segunda Carta de Juan Carlos Flores

Carta de Juan Carlos Flores Solís, preso político en el penal de Cholula, Puebla, miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala
1994- 2014, “20 años pasaron para regresar al despojo y la represión”
Quien que tenga más de 20 años recuerda 1994: la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, el levantamiento zapatista, el asesinato de Colosio y el error de diciembre.
Pero aquí en Puebla también tenemos nuestra propia historia, que marcó a la región de cholulteca: la imposición de 10 pozos de agua provenientes de Santa María Acuexcomac y San Buenaventura Nealtican y el despertar del volcán Popocatépetl.
El Gobierno entonces argumentó que la ciudad estaba en crecimiento y que necesitaba agua para la población, pero primero llegó a los pueblos con engaños ofreció dinero para comprar pequeños “cuadros de terreno” donde sabían podrían extraer día y noche agua. Posteriormente Nealtican y Acuexcomac se enteraron que esos “cuadros de terreno” eran para llevarse el agua a la ciudad de Puebla.
Los pueblos comenzaron a protestar y organizarse para evitar ser despojados de sus recursos naturales. El gobierno argumentó que el agua es de todos y que todos la necesitamos. Pero también todos necesitamos comer y no por eso nos metemos a la tierra del vecino o a la tienda a robar la comida. Porque primero hay que pedir permiso, así al pueblo también.
Todos necesitamos agua, pero sí la tiene el vecino hay que pedírsela, asegurarle que a él no le vaya a faltar, darle a cambio “algo” por el agua que nos proporciona.
Y ese “algo” que dio el Gobierno fue represión, ¿quieres dialogar? aquí tienes más granaderos para “dialogar”, “¿quieres negociar? te devuelvo a la gente que aprendí en tu manifestación que buscaba el diálogo y a cambio me das el agua. ¿Acaso eso no puede llamarse extorsión, despojo? Delitos que por cierto hoy utilizan para inculparme. Nealtican y Acuexcomac tuvieron que ceder su agua a cambio de la libertad de sus vecinos y a cambio de un papel que hasta hoy el Gobierno no ha cumplido. En la minuta de acuerdo firmada en ese entonces por Mario Marín, “el estado” se comprometió a construir diversas escuelas y obras que nunca construyó, a garantizar que el agua no le faltara a estas comunidades y lo más importante: “que si el nivel de los pozos comenzaba a bajar, suspendían la extracción del agua”Este fue el acuerdo firmado por el Gobierno y la población, un acuerdo aunque con sus deficiencias, público y legal. Un acuerdo que fue firmado por el pueblo por medio de presión ante el abuso de autoridad.
        18 años después el ahuehuete de Acuexcomac se secó, el ameyal que lo alimentaba al centro del pueblo y que atraía el turismo, ha desaparecido y se ha convertido en un basurero. Esos 800 años del Ahuehuete ya no se podrán recuperar, el daño a la economía del pueblo por la derrama que obtenía del turismo, decenas e incluso centenas de personas que se beneficiaron del ameyal ubicado al centro de la población.
        18 años después, el pueblo de Acuexcomac se quedó sin agua siquiera para lavar trastes, asearse y mucho menos alimentar sus animales. Y así cansados de recibir evasivas del Gobierno, decidieron hacer cumplir el Convenio de 1994 por cuenta propia y cerrar los pozos. ¿El resultado?
        No fue gran cosa en beneficio del pueblo, no lo que se merecía, no el cumplimiento del convenio, pero al menos, les regresaron su agua potable.
Dos años después utilizan esa acción para inculparme, señalándome directamente gente de gobernación y del SOAPAP, cuando ni yo, ni el Frente de Pueblos participamos en esa protesta legítima del pueblo de Acuexcomac.
        20 años han pasado y hoy somos tres presos políticos encarcelados por el gobierno de Moreno Valle por defender la tierra y el agua; y más de una docena de perseguidos.
        20 años han pasado y en lugar de respetar los convenios con Acuexcomac y Nealtican, hoy concesionan esa agua a empresas privadas como Aguas de Barcelona y aprueban al SOAPAP que incremente la tarifa de agua cada mes y si la persona no puede pagar, entonces será embargada por la empresa.
        ¿A eso le llaman beneficio público?
        20 años han pasado y Moreno Valle impone la ley despojo de expropiación, sin derecho a audiencia, para que el gobierno pueda hacer uso por hecho de la fuerza pública, de las tierras del campesino y el pobre, para cumplir sus compromisos económicos con empresas trasnacionales.
        20 años después a Acuexcomac y Nealtican, les quieren construir un gaseoducto que pone en riesgo a las comunidades del volcán Popocatépetl. Y aunque los pueblos hemos denunciado la ilegalidad de la obra en materia técnica, de protección civil y en la licitación económica. Para los pueblos no existe justicia. Pues mientras Elecnor y CFE defraudaron al Estado Mexicano en un proceso de licitación en 70 millones de dólares. A la comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan la encierran por oposición al gaseoducto y el robo de dos celulares. Pero a Elecnor, Enagas, Bonatti y CFE se les sigue permitiendo construir su proyecto de muerte.
        Compañeras y compañeros la injusticia no debe ser costumbre ni sumisión, sino al contrario debemos responder con imaginación unidad, fuerza y valor.
        Aquí en el CERESO de Cholula, “en la reja de estancia” más de la mitad de los que aquí estamos somos acusados por delitos que no fueron cometidos, por simplemente caminar por la calle o por declarar cosas que comprometen a funcionarios públicos.
        La cárcel es también un negocio para el gobierno y por eso los invito y saludo a continuar con la lucha contra el mal gobierno y por la recuperación de nuestros derechos.
no existe la libertad, sino la búsqueda de la libertad, y esa búsqueda en la que nos hace libres”
¡Gracias!

Juan Carlos Flores Solís.

INTELECTUALES Y ORGANIZACIONES DE MÉXICO Y EL MUNDO EXIGEN SU LIBERTAD


Chomsky, Galeano, Sicilia y más intelectuales exigen a Graco (Morelos) y Moreno (Puebla) alto al acoso de activistas Por: Redacción / Sinembargo - abril 25 de 2014 - 11:00 Causas, De revista, México, TIEMPO REAL, Último minuto - 4 comentarios   Chomsky fue condecorado doctor honoris causa por la UNAM en septiembre de 2010. Foto: Cuartoscuro Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).– Intelectuales mexicanos y extranjeros condenaron en una misiva las “acciones violentas” cometidas por los gobiernos de Rafael Moreno Valle Rosas, en Puebla, y de Graco Ramírez Garrido Abreú, en Morelos, contra opositores al Proyecto Integral Morelos (PIM), y exigieron la liberación y el cese de las amenazas e intimidaciones en contra de activistas. A través de una carta dirigida a los mandatarios, el lingüista Noam Chomsky, el escritor Eduardo Galeano, el sociólogo Armando Bartra, el biólogo Víctor Manuel Toledo, el poeta Javier Sicilia, entre otros, exigieron “el cese de la represión y proyectos de muerte” en estos estados, y advirtieron que estas “aberraciones y graves violaciones a derechos humanos se convertirán en norma de vida cotidiana”, de no cambiar el panorama. Los firmantes denunciaron que los gobiernos de Moreno Valle y Graco Ramírez “desataron una espiral de violencia que incluye una serie de hostigamientos, amenazas, aprehensiones arbitrarias de luchadores sociales y dirigentes de movimientos campesinos opuestos al Proyecto Integral Morelos y al Libramiento Poniente”. El Proyecto Integral Morelos incluye dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto que de acuerdo con los opositores afectaría tierras de cultivo y fuentes de agua de las que dependen cientos de comunidades de Puebla, Tlaxcala y Morelos. Asimismo han denunciado el alto nivel de riesgo del gasoducto, como la han informado especialistas. En la carta, los intelectuales dijeron que el arresto de ocho personas, de las cuales tres aun permanecen detenidas, ”se realizó haciendo uso excesivo de la violencia y sin presentación de órdenes de aprehensión. En Puebla fueron civiles los que hicieron las retenciones y en el caso de Morelos se utilizaron gases lacrimógenos y hubo disparos”. Por ello exigieron la inmediata liberación de Juan Carlos Flores Solís, representante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala; de Enedina Rosas Vélez, Comisariada Ejidal del San Felipe Xonacayucan; y de Abraham Cordero Calderón, integrante del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y la Sierra Nevada. Asimismo pidieron el cese de las intimidaciones en contra de Avelino Velázquez Tapia, Comisario de Bienes Comunales de San Juan Amecac quien tiene orden de aprehensión y a Ricardo Pérez Avilés, profesor investigador del departamento Universitario de Desarrollo Sustentable del Instituto de Ciencias de la Universidad de Puebla cuya familia fue amenazada por un grupo de gente armada en su domicilio. También pidieron acabar con las amenazas al estudiante de sociología y asistente del doctor Pérez Avilés, Alberto Melchor Montero, y al abogado Raúl Rodríguez, defensor de Abraham Cordero Calderón. Los intelectuales y escritores dijeron que con esta represión, “los gobiernos intentan producir, a través del terrorismo de Estado, una parálisis de la resistencia social”. “Lo que hoy estamos viviendo como aberraciones y graves violaciones a derechos humanos se convertirán en norma de vida cotidiana, aplastando cualquier proyecto democrático auténtico, si hoy no reforzamos nuestras luchas y nuestra solidaridad para la construcción de caminos de resistencia contra esta embestida reaccionaria”, dice el documento. Denunciaron “el autoritarismo y la imposición por parte del gobierno de Puebla, de ‘proyectos de muerte’ que se pretende instalar en comunidades campesinas indígenas de la Sierra Norte”, que comprende 87 concesiones mineras, más de 10 proyectos hidroeléctricos, la extracción de gas y petróleo con fractura hidráulica. “Con todo ello ignoran la rotunda negativa de miles de campesinos y campesinas a dejar de trabajar y cuidar los bienes comunes que no son mercancías: la tierra, el agua. Esos ‘proyectos de muerte’ ponen en riesgo de ser desplazados y despojados de su principal sustento a esos campesinos y campesinas. Ante esta situación, el gobierno estatal actúa como promotor de dichos proyectos, favoreciendo los intereses económicos de grandes empresas nacionales y transnacionales, a las cuales poco o nada les importan las devastadoras consecuencias sociales y ambientales que provocarían”, denunciaron. Los denunciantes afirmaron en la misiva que estos hechos “no son anomalías o manifestaciones aisladas, sino evidencias de una acción concertada de violencia y represión a cualquier forma de oposición a las políticas económicas neoliberales promovidas por el Estado”. Al respecto, el día de ayer  Luis Maldonado Venegas, Secretario de gobierno de Puebla, dijo ayer en entrevista para la primera emisión de MVS Noticias que los tres activistas detenidos cometieron actos ilícitos porque “en el estado no puede haber impunidad”. Afirmó que los ilícitos que se les imputan son por robo. Maldonado Venegas aseguró que el gobierno de Moreno Valle ha dado amplías garantías para que ciudadanos se manifiestan pero no en un marco de impunidad. En ese mismo espacio, Roxana Luna, integrante del movimiento nacional Los de Abajo en Puebla, lamentó la falta de diálogo del gobierno y rechazó los delitos que les imputan a los activistas. Mencionó que a uno lo acusaron del robo de un celular, y a otro porque “es un peligro para la sociedad”. Horas después, se informó que varias organizaciones presentaron una queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la violación de los derechos de los pueblos que se genera por el intento de construcción del gasoducto parte del Proyecto Integral Morelos en los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos. Se informó que se realizará una conferencia de prensa el próximo lunes para dar a conocer los principales puntos de la queja interpuesta ante la CNDH, los riesgos ambientales y sociales si se realiza la construcción del gasoducto; los derechos humanos vulnerados de los pueblos de la región y las peticiones de las organizaciones y comunidades. PT EN EL SENADO EXIGE LIBERAR A ACTIVISTAS El día de ayer, el Senador del Partido del Trabajo (PT), Manuel Bartlett Díaz, presentó un punto de acuerdo en el que solicita que al Senado de la República exigir al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, la liberación de los opositores al Plan Integral Morelos. El legislador solicitó que cese la “persecución, el autoritarismo y la violación a los derechos humanos y políticos de los pobladores y dirigentes de organizaciones sociales”. Asimismo, requierió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizar una investigación exhaustiva para emitir una recomendación al gobierno del estado de Puebla por “la persecución, detenciones y órdenes de aprehensión ilegales en contra de los legítimos opositores de dicho proyecto”. Se requiere, dijo, la comparecencia ante Comisiones del Senado de los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que presenten un informe público sobre los efectos sociales, económicos y ambientales del citado Proyecto Integral Morelos, CCC Centro y Gasoducto Tlaxcala-Puebla-Morelos. Explicó que derivado de la oposición a este proyecto, el 6 de abril, el gobernador Moreno Valle, detuvo a Enedina Rosas Vélez de 60 años, Comisariada Ejidal de San Felipe Xonacayucan del Municipio de Atlixco, acusada del robo de dos celulares y su oposición al Gasoducto. Dijo que a las puertas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Puebla, el 7 de abril fue detenido Juan Carlos Flores Solís, vocero del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra, a quien se le acusa de despojo, extorsión y motín, delitos considerados graves que no le permiten derecho a fianza. En tanto que el Juez de Paz de San Martín Texmelucan, Abraham Cordero Calderón, integrante del Frente Campesino y del Movimiento “Los de Abajo”, el 8 de abril condenó las detenciones de los dos Dirigentes y proponía al Gobierno Estatal el diálogo, no obstante, señaló, tres horas después fue detenido acusado por amenazas y delitos en contra de servidores públicos. El legislador petista expuso otros casos e indicó que en ninguno de los tres Estados se consultó a los habitantes de las comunidades, ni se notificó a los propietarios de los terrenos que serán afectados por la construcción de la obra que se inició en mayo de 2011. Aseveró que ni las empresas extranjeras que operan el proyecto, ni la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comunicaron a la población en general los detalles del proyecto, del mismo modo que omitieron informar a los organismos estatales o municipales de protección civil, los riesgos que la construcción de esta obra implica. Así como de los peligros asociados a la operación de una instalación estratégica que transportará 9 mil 61 millones de litros de gas metano diariamente a menos de 2 metros de profundidad. Informó que el Centro Nacional para la Prevención de Desastres (Cenapred), consideró que el Proyecto era inviable en esta zona, justamente porque pasa por las zonas de significativo riesgo eruptivo, considerando inviable la construcción del gasoducto. Sostuvo que las válvulas de seccionamiento deben situarse a 4 kilómetros una de otra. Sin embargo, en realidad el trazo del gasoducto se encuentra a 50 y 200 metros de los centros de población. La proposición fue turnada a la Comisión de Energía, debido a que el Pleno no lo consideró de urgente resolución.

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En este PRIMERO de MAYO ¡ LIBERTAD a LUCHADORA Y LUCHADORES SOCIALES EN PUEBLA!.

Gobiernos y CFE violan sus derechos, dicen ONG; exigen liberar presos y cesar represión
Opositores a termoeléctricas y gasoducto en Morelos acudirán a instancias internacionales
Rosa Rojas

Periódico La Jornada
Miércoles 16 de abril de 2014, p. 31
El gobierno federal y los estatales de Morelos y Puebla; el Poder Judicial de Puebla, las comisiones estatales de Derechos Humanos de esos dos estados y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) violan los derechos humanos individuales y colectivos de las personas y comunidades que se oponen a la construcción del Proyecto Integral Morelos (PIM).
Lo anterior los obliga a acudir a instancias internacionales, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), para defender su vida e integridad física, sobre todo de tres detenidos en Puebla, afirmaron hoy representantes de organizaciones sociales regionales y nacionales.
El PIM implica la construcción de dos termoeléctricas y un gasoducto, proyecto que abarca 80 pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala 60 de los cuales están en la ruta de peligro de erupción por el volcán Popocatépetl. Las comunidades recuerdan que en San Juanico la explosión de gas arrasó con todo a un kilómetro del epicentro de la explosión de gas, indicaron.
Verónica Munier, de la Red Nacional de Resistencia Civil; Antonio Lara Duque, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero; Miriam Vargas y Samantha César, del Frente por la Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala; Carlos Beas de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni); Francisco Jiménez, del Frente Indígena Campesino de México y Omar Esparza, de Maíz, plantearon esto en rueda de prensa en la que demandaron la liberación de los presos, el cese de la escalada de represión y criminalización de la protesta, así como la renuncia del gobernador poblano, Rafael Moreno Valle.
Informaron que en las últimas dos semanas se ha agudizado el proceso de persecución, hostigamiento y represión por el gobierno federal y los estatales de Puebla y Morelos, este último encabezado por Graco Ramírez, con el resultado de que en Puebla fueron detenidos los defensores Enedina Rosas, Juan Carlos Flores, Abraham Cordero y Avelino Velázquez, en tanto que hay rumores de que en el gobierno estatal hay otras 250 órdenes de aprehensión.
Ataques sin precedentes a pueblos
Hay agresiones sin precedente contra pueblos enteros, la mayoría indígenas, y todo para imponer un megaproyecto que aun las mismas autoridades consideran peligroso. Está en México el titular de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y es cínico que el gobierno mexicano diga que ha mejorado el respeto a los derechos humanos, afirmó Beas.
A Flores y Rosas les dictaron el lunes formal prisión. Al primero acusado de delito contra la infraestructura hidráulica, motín, despojo y extorsión, por lo que podría alcanzar hasta 32 años de prisión, indicó Lara Duque, quien subrayó que esas acusaciones se derivan de hechos ocurridos el 3 de abril de 2012, durante una protesta en la cual, según varios testigos, no participó Flores Solís. A Rosas la acusan de obstrucción de la justicia y robo agravado, lo que imposibilita que alcance salir con fianza, informó.
Los informantes mencionaron que el 13 de abril un grupo de seis habitantes de Amilcingo, Morelos, fueron reprimidos con violencia, incluso con disparos y gases lacrimógenos mientras hacían un rondín de guardia en su territorio y encarcelados, pues se oponen al paso del gasoducto. Cinco fueron liberados el día 14 al mediodía y hasta las 10 de la noche el ayudante municipal Aarón Rosales, quien sufrió fractura en una mano y una lesión en la columna vertebral que le dificulta caminar.
Por otra parte 21 ex presos políticos como Alberto Patishtan e Ignacio del Valle, intelectuales y artistas como monseñor Raúl Vera y una veintena de organizaciones sociales, en carta a Peña Nieto exigieron la libertad de los detenidos en Puebla, subrayando que con este proyecto sólo se beneficiará a las empresas transnacionales involucradas y sus cómplices en los gobiernos federal y estatal.


LIBERTAD A PRESOS POLÍTICOS EN LUCHA POR EL TERRITORIO Y AGUA DE SUS PUEBLOS.